Una transacción por $16 millones anuales puso fin a la disputa entre el Estado y los concesionarios portuarios, quienes fumaron ayer la pipa de la paz en la sede del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El ministro Alberto Vallarino, acompañado por el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Roberto Linares y los directivos de los puertos dados en concesión a orillas del Canal de Panamá, suscribieron un anexo al contrato de concesión que rige las relaciones con el Estado en el que aceptan aumentar de 9 a 12 dólares el pago que hacen por el movimiento portuario, lo cual significará aumentar hasta al menos $30 millones anuales la recaudación por esta operación.
Los firmantes representan a los puertos de Manzanillo Internacional Terminal, Colon Ports Terminal, Colon Container Terminal (Evergreen), Panama Ports Company (Hutchinson Whampoa) con la terminal de Cristóbal en el Caribe y el Puerto de Balboa en el Pacífico.
Según Vallarino, “ahora se inicia una nueva etapa” en la relación del Estado con los concesionarios.
Reconoció, no obstante, que la “equiparación, que resultó lesiva para los intereses del Estado, se hizo en los términos legales en ese momento”.
En contraprestación, el Estado acepta retirar del proyecto de ley de equiparación que está en discusión en la Asamblea Legislativa el concepto de “retroactividad” con el que había amenazado Vallarino introducir en la revisión de los contratos de concesión portuaria, para eliminar el concepto de “equiparación” establecido por el anterior gobierno.
Borrón y cuenta nueva.
Con una sonrisa de oreja a oreja contestó Vallarino cuando fue cuestionado por Panamá Américasi este arregló era un “borrón y cuenta nueva” luego que él enfatizara en la necesidad de “pasar la página en este caso” porque, según él, es más importante “mirar hacia el futuro”.
El administrador de la AMP, Roberto Linares, detalló que este acuerdo, que tiene que pasar por la aprobación del Gabinete y luego por el refrendo del Contralor General de la República, Carlos Vallarino, entrará en vigor el 1 de enero de 2010 y se revisará en 2013.
Agregó que para este año se calcula que los puertos moverán unos 4 millones de TEU’s, una cifra 14% inferior a la registrada en 2008, de acuerdo con cifras oficiales.
