Las audiencias públicas para la discusión del proyecto de la nueva ley de medios audiovisuales que impulsa el Gobierno argentino concluyeron el viernes con un fuerte rechazo de la oposición, mientras el oficialismo aspira a que el debate en el recinto del Parlamento comience la semana próxima.
Diputados, empresarios y representantes de organizaciones de medios de comunicación expusieron el vienes su punto de vista sobre la polémica iniciativa en la última de las tres audiencias preliminares previstas antes de iniciar la discusión en Congreso, en caso de que las comisiones parlamentarias emitan un dictamen de aprobación del proyecto.
Una veintena de legisladores de los principales partidos de la oposición manifestaron su rechazo conjunto a la ley y anticiparon que, si es aprobada, la revisarán luego de la renovación parlamentaria del próximo 10 de diciembre, cuando los partidos enfrentados al Gobierno tendrán un mayor peso al actual.
"No se la puede desarticular de los dos objetivos que persigue el Gobierno: acallar a los medios y hacer negocios con los privados", señaló la diputada Silvana Giudici, de la opositora Unión Cívica Radical (UCR), segunda fuerza parlamentaria del país, en una rueda de prensa conjunta.
En este sentido, la legisladora consideró que el proyecto es un "traje a medida para Telecom", en alusión al artículo de la norma que habilita el ingreso de las empresas telefónicas en el mercado audiovisual.
A tono, el titular del bloque de Diputados de la opositora Propuesta Republicana (PRO), Federico Pinedo, advirtió sobre "la ruta del negocio económico que persigue el Gobierno detrás del tratamiento de esta ley".
El jefe del bloque de la centrista Coalición Cívica, Adrián Pérez, también rechazó la norma, al considerar que "es una herramienta de disciplinamiento y de control por parte del Ejecutivo".
A su vez, el titular del bloque radical, Oscar Aguad, manifestó el compromiso de la oposición a "revisar la ley" después del 10 de diciembre, cuando se renovará parte del Parlamento como resultado de las elecciones legislativas del pasado 28 de junio, en las que el Gobierno resultó derrotado en los principales distritos del país.
