¿Y AHORA quién podrá defendernos? Este es el clamor de muchos panameños que sienten que están indefensos ante la insistencia de algunos comerciantes de literalmente establecer los precios que les da la gana, tal y como ocurre con las estaciones de gasolina.
Situaciones como esta pasan todos los días, mientras que la Autoridad de Protección al Consumidro y Defensa de la Competencia se dedica, en el mejor de los casos, a "informar" y "sugerir" los precios que deberían tener los hidrocarburos.
En un sondeo de opinión realizado por este medio, se constató que algunas personas consideran que no existe mucha diferencia entre la antigua Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC) y la nueva institución que se creó en febrero de 2006.
"No hay ninguna diferencia. Ninguna de las dos defiende al consumidor", dijo Azucena Meléndez, mientras se abastecía de combustible en una estación ubicada en la Avenida Ricardo J. Alfaro.
"Estamos en un mercado de libre oferta y demanda" reiteran con insistencia voceros de la referida institución.
Pedro Meilán, administrador de la mencionada entidad gubernamental, explicó que cuando se crearon los precios de paridad se buscó la forma de informarle a los consumidores los precios sugeridos de los hidrocarburos.
No obstante, dijo que esto ha obstaculizado la gestión de la entidad en los operativos de verificación de posibles prácticas monopolísticas.
Los dueños de las gasolineras, agregó, alegan que los precios que ellos presentan son tomados de los precios sugeridos que divulga la institución.
A pesar de ello, una considerable cantidad de consumidores estiman que este año la entidad solo está previniendo de los precios altos y bajos, dejándolos desamparados ante los dueños de las gasolineras.
En opinión de Giovani Fletcher, presidente del Instituto Panameño de Defensa del Consumidor y el Usuario, la única manera en que los consumidores pueden ser protegidos es mediante la implementación de un "sistema arbitral de protección al consumidor tripartito".
Esto, añadió, le daría a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia la potestad judicial para proteger realmente a los consumidores.
Agregó que mientras que la labor de la Autoridad esté en manos de una gestión administrativa, siempre dependerá de un presupuesto que la atará y no le permitirá realizar investigaciones.
En cuanto al tema de los precios del combustible, Pedro Acosta, presidente de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de Panamá, sugirió que el Gobierno regule el precio en un periodo de dos a tres meses, o que le pemita a más empresas ingresar en la actividad para lograr un cambio de actitud de los empresarios.
Acosta acotó que actualmente la Autoridad de Protección al Consumidor sólo puede verificar que la calibración de las máquinas de despacho de combustible sea la correcta, y que el expendio no tenga publicidad engañosa.
Curiosamente, el Artículo No. 172 de la Ley No. 9 de 20 de febrero de 2006, que creó esta entidad, establece que los precios de los hidrocarburos pueden ser regulados, ya que son productos sensitivos para la población.
Sin embargo, la pérdida de confianza en la entidad aumenta cada día.
Consumidores sin protección
Panameños solicitan que se regulen los precios de los derivados del petróleo.