El contralor general de la República, Alvin Wedeen, prepara un informe, en el que detallará todas las irregularidades del proceso de concesión administrativa del Centro de Convenciones ATLAPA.
Wedeen no quiso dar detalles sobre el contenido del documento para presentará en Consejo de Gabinete. Tampoco aseguró la incidencia que tendrá su informe en la adjudicación de la concesión de ATLAPA.
Pero aunque no aseguró cual será el desenlace de la concesión administrativa, se conoció que el Estado podría decidir no entregar el bien estatal, al Grupo Arenas Panamá Inc., por la aparente vinculación de esta empresa, con Tempus Bank.
Recientemente, una fuente vinculada con el tema, declaró que el Estado podría tomar la decisión de declarar desierto el proceso de licitación, porque "no sería beneficioso para el país que un bien estatal caiga en mano de empresas posiblemente vinculadas con delitos contra el patrimonio.
La conexión entre Tempus Bank y el Grupo Arenas se detectó, cuando en las oficinas de Tempus Account Center, (organización que le daba servicios a Tempus Bank, en Panamá) se descubrieron documentos en donde se señalaba que Tempus Bank contó con el 55% de las acciones del Grupo Arenas.
Además, en el acta de Junta Directiva del Grupo Arenas, del 5 de septiembre de 2002, se reporta, que salió a colación la venta del nombre de ATLAPA y qué se haría con los 8 millones de dólares que generaría la transacción, cuando este elemento no estaba incluido en el paquete de concesión administrativa.
Tempus Bank es un banco fantasma que se promocionaba como parte del sistema financiero nacional, sin tener la licencia para operar en la plaza local.
Las autoridades panameñas fueron alertadas de esta irregularidad, luego que inversionistas extranjeros confiaron sus depósitos a esta firma que se promociona por Internet, afirmando que contaba con oficinas en Panamá, pero al momento que los ahorristas reclamaban su dinero, se encontraron con que las oficinas no existían.
Las denuncias tienen que ver con los presuntos delitos contra el patrimonio, apropiación indebida y con el ejercicio de negocio de banca sin autorización.