Contrato directo del Aeropuerto de Tocumen, el más controversial
- Uno de los contratos directos más expuestos a crítica en la actual administración de gobierno ha sido el que concedió hace unos meses el administrador general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, Joseph Fidanque III, quien contrató a la empresa Servicios Tecnológicos de Incineración STI para que realice el servicio de recolección y transporte de la basura internacional que generan los vuelos. Con respecto a esta contratación, Fidanque admitió días después que él había llamado a “un conocido para ofrecerle el contrato. Esta contratación directa se adjudicó por un monto de $80,000 al mes durante seis meses, es decir, un total de $480,000.
Durante los 79 días de Gobierno se han realizado en total 182 contrataciones directas por un monto aproximado de 5 millones de dólares, las cuales pudieron haberle salido más económicas al Estado de haberlas hecho como licitación pública.
En el sitio web de Panamá Compra se observa que durante los últimos dos meses y medio del nuevo gobierno se han aprobado 135 contratos directos, es decir, más de uno por día.
El problema con las contrataciones directas es que no promueven la competencia entre las empresas interesadas en obtener el contrato, lo que priva al Estado de conseguir mejores precios, comentó el economista Juan Jované.
En el segundo mes y medio de gobierno, las contrataciones directas aumentaron en 63.7% con 113 adjudicaciones directas aprobadas, en comparación con el primer mes de la nueva administración, cuando se autorizaron 69 compras directas.
Esto resulta una contradicción con el plan de recortes de gastos que en repetidas oportunidades el presidente Juan Carlos Varela ha mencionado como iniciativa para hacerle frente al déficit financiero que existe en el país.
El secretario de Metas de la Presidencia, Carlos Dubois, ha expresado en diferentes ocasiones que una de las metas es “ajustar un poco el cinturón en gastos de funcionamiento”.
Asimismo, el Gobierno ha señalado que se encuentra revisando todos los ministerios, “porque hay una cantidad de gastos innecesarios, entre estos la publicidad, así como ver las planillas para determinar si realmente se adecúan a los proyectos y a la inversión”.
Aunado a esto están las críticas y cuestionamientos contra las contrataciones públicas de la administración anterior por parte del actual presidente, quien utilizó el rechazo a las contrataciones directas como una de las banderas de su campaña política en las elecciones pasadas.
Jované aseguró que este tipo de contrataciones debe hacerse solo como hechos excepcionales en casos de urgencia, sin embargo, agregó que es una práctica bastante común en los últimos años, a diferencia de décadas atrás, cuando “esto no se veía mucho”.
El Idaan, el Tribunal Electoral, Tocumen S.A., Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la Caja de Ahorros, la Asamblea Nacional, la Universidad de las Américas y la Empresa de Generación Eléctrica son las instituciones públicas que han realizado compras o han adjudicado contratos de forma directa.
Carlos Gasnell Acuña, vicepresidente ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, ha señalado a Panamá América que es necesario regular mejor las contrataciones directas, ya que todos los gobiernos han abusado de ellas.
“Estas contrataciones tienen que tener su justificación en una causal, y si no hay justificación real, la Contraloría incluso podría objetarlas, lo cual ha ocurrido muy rara vez en la práctica”, acotó.
Gasnell considera que son controversiales porque “muchas veces se utilizan para devolver favores políticos, como donaciones recibidas en campaña, o para favorecer allegados y copartidarios”.
