Clarissa Castillo (clarissa.castillo@epasa.com)
Luego de tres meses de implementarse el control de precios de 22 productos de la canasta básica, especialistas, ganaderos, productores, economistas y gremios empresariales piden que se suspenda su vigencia al finalizar el primer semestre, por tratarse de una medida política y no económica.
A pesar de este planteamiento, el Gobierno defiende la medida y argumenta que podría incluir otros productos y mantener la iniciativa por más tiempo que el señalado en el decreto 165, ya que ha logrado cumplir con su objetivo: bajar el precio de la canasta básica.
No obstante, en las estanterías de los supermercados se puede observar el desabastecimiento de algunos productos regulados, como babilla, carne molida, jarrete y pecho, además de otoe y huevos.
En un recorrido hecho por Panamá América en diferentes supermercados de la capital se corroboró que los consumidores, en muchas ocasiones, no encuentran a la venta los alimentos que tienen precios regulados.
En ese sentido, Giovani Fletcher, presidente del Instituto Panameño de Derecho de Consumidores y Usuarios (Ipadecu), mencionó que la ausencia de productos en las estanterías puede obedecer a una estrategia por parte de los empresarios, debido a que la iniciativa no les está resultando rentable.
Para poder mantener el arroz como uno de los rubros regulados, el Gobierno aprobó un subsidio de $20 millones para la compra de la primera cosecha de arroz del ciclo agrícola 2014-2015, lo que beneficiaría a los consumidores. Sin embargo, estos aún no han logrado percibir el ahorro de los $58 en la canasta básica.
Carlos Santanach, secretario ejecutivo de la Asociación de Productores de Arroz de Chiriquí (Apach), recordó que ellos advirtieron que la regulación del precio del arroz traería problemas a los productores.
“Tenemos problemas porque la comercialización está distorsionada y no se da de una manera fluida, en cuanto al dinero que deben recibir los productores”.
No acaba el problema
Mientras, el expresidente de la Asociación Nacional de Ganaderos, Erick Corro, afirmó que de extenderse la medida más de lo estipulado, los ganaderos deberán migrar a otros sectores económicos y abandonar su área por las pérdidas que han sufrido desde el inicio de la norma.
Por su parte, el actual presidente de esta misma asociación ganadera, Julio Ramírez, opinó que desde un inicio ellos se han mostrado en contra de la medida porque es política.
Por otro lado, el director de la Comisión de Alimentación de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Rafael Carles, opina que esta norma es una promesa política populista que no resuelve el problema real.
“Sabemos por experiencia local e internacional que el control de precios lesiona la libre competencia, promueve el desabastecimiento, impacta la calidad de los productos y al final conlleva una pérdida de bienestar para los consumidores”, sustentó.
Carles estima que la medida podría convertirse en un dolor de cabeza para los productores, comerciantes, consumidores y el propio Gobierno.
De igual forma piensa el presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), Ricardo Sotelo, quien asegura que la iniciativa debe ser revisada para que se busquen otras alternativas.
Agregó que las nuevas medidas deben beneficiar a todas las partes, ya que a su sector, la actual le ha costado miles de dólares.
Felipe Argote, presidente de la Comisión de Entorno Macroeconómico y Finanzas Nacionales de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), recomendó que en vez del control de precios se establezcan medidas antimonopólicas.
El economista Juan Jované agregó que la disposición gubernamental es incoherente e inefectiva.
