La Cooperativa de Trabajadores del IRHE (COOTIRHE), le informó ayer a la viceministra de Economía y Finanzas, Norberta Tejada, que está en capacidad de garantizarle al Gobierno el repago de las acciones de las empresas eléctricas a las que los obreros tienen derecho, así como su financiamiento acorde a los ingresos del sector laboral, lo que asegura un equilibrio entre los fondos que percibirán las arcas nacionales y la capacidad económica de la cooperativa.
De acuerdo a una nota enviada a Tejada, que lleva la firma de José Arosemena, secretario general del SITIRHE, Jorge Alegría, presidente de la Comisión COOTIRHE-SITIRHE y Carlos Iglesias, presidente de COOTIRHE, el gremio tiene el derecho, amparado en la Ley 6 de 1997, de adquirir el 10% de las acciones de las empresas de distribución y el 2% de las empresas de generación, que legalmente pertenecen a los empleados del antiguo IRHE.
El documento señala que COOTIRHE ha recibido por escrito la autorización de los trabajadores del antiguo IRHE para ser albacea del paquete accionario, el cual financiará con sus propios recursos o con ayuda de terceros.
La carta enviada a la viceministra, que se elaboró luego de una reunión de una comisión de alto nivel integrada por miembros del COOTIRHE y del SITIRHE, le pide al Ministerio de Economía y Finanzas y al Gobierno Nacional "que le comunique por escrito si se mantendrá lo estipulado en la Ley 6 o se incurrirá en la violación de lo establecido, como casi siempre sucede con los derechos de los más desposeídos".
Además se exige la información veraz del monto del paquete accionario original para los obreros, cuánto de éste se ha vendido o negociado y la disponibilidad actual del mismo.
Dichos datos deben incluir el precio en que fue negociada cada acción al momento de la privatización, dado que dicho costo es la base para la negociación con los trabajadores.
"Esperamos no ser sorprendidos en nuestra buena fe con la expedición de un reglamento de venta de las acciones remanentes en detrimento del derecho adquirido por los obreros", enfatiza la nota enviada a Tejada.
Los trabajadores indican que creen firmemente que todas las propuestas deben analizarse, siempre y cuando existan vacíos que den lugar a la libre interpretación, pero no puede evaluarse sólo el posible beneficio de la clase trabajadora, sino también tendría que hacerse, sobre todo el proceso de privatización para poder invocar justicia, "caso contrario entenderíamos que el Ministerio de Economía y Finanzas y el Gobierno pretenden abolir lo que por derecho le pertenece a la clase obrera".
La comisión COOTIRHE-SITIRHE determinó dar un plazo perentorio no más allá de 72 horas al Ministerio de Economía y Finanzas para que le dé respuesta a los requerimientos que le solicita.
De no ocurrir esto, quedarán en libertad de acudir a las instancias legales nacionales e internacionales, medios de comunicación, organizaciones de defensa de los derechos humanos, en salvaguarda del orden constituido.
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