Los operadores de telefonía fija de Brasil podrán cobrar incrementos mayores de tarifas este año tras un fallo del máximo tribunal de apelaciones del país, pero el gobierno dijo que acordó con las empresas que buscará que esos aumentos sean aplicados de forma suave.
El pasado jueves, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) dejó sin efecto una medida cautelar que ordenaba que los operadores de telefonía fija sólo podían aumentar sus tarifas en el 2003 según el Indice de Precios al Consumidor Amplio (IPCA), negando un aumento mayor basado en el índice IGP-DI.
La decisión judicial anulada, tomada en septiembre tras un largo proceso legal entre gobierno y telefónicas, autorizaba a las empresas a subir las tarifas residenciales en alrededor en hasta un 14% el año pasado, en lugar del 25% basado en el IGP-DI y otorgado por el ente regulador Anatel.
El fallo del pasado jueves no afecta al incremento de tarifas del año pasado, pero establece las bases para el alza del 2004 por operadores como la española Telefónica y las locales Telemar y Brásil Telecom .
El pasado míércoles, la Anatel había autorizado aumentos de 6.89% en promedio, para las tarifas de telefonía fija de este año.
Pero tras la decisión del STJ del jueves, los incrementos para este año serán calculados como si los precios del año pasado hubieran sido ajustados por el IGP-DI, como había prometido originalmente Anatel, en lugar de por el IPCA.
Según analistas, con la decisión del tribunal, el aumento efectivo de las tarifas telefónicas para este año podría estar cerca de 17 por ciento.
El fallo del STJ provocó un fuerte alza de las acciones de las compañías operadoras en la Bolsa de Valores de Sao Paulo.
El presidente de Telefónica en Brasil, Fernando Xavier Ferreira, admitió que podría aplicar en etapas el reajuste mayor autorizado.
El ministro de Comunicaciones de Brasil, Eunício Oliveira, dijo que el gobierno, preocupado por un impacto del alza telefónica en la inflación, acordó con Brasil Telecom, Telemar, Telefónica y Embratel negociar una manera suave de ajustar las tarifas según lo permitido por el STJ.
