En mayo se otorgó a dos reconocidas operadoras la explotación de nuevas bandas de telefonía celular lo cual evidentemente, para beneficio del consumidor, redundará en una mayor competencia y posiblemente un ajuste de las tarifas.
Dicho en forma simple, resulta evidente que la estructura del mercado de las telecomunicaciones en Panamá está cambiando y eso incuestionablemente exige reforzar el papel de Estado como promotor de la competencia.
Es previsible además que esa mayor competencia cambie las perspectivas de rentabilidad de las empresas que actualmente operan o que pudieran operar en el mercado --lo que a todas luces afecta el retorno esperado de las acciones que mantiene el Estado en C&W. Otro elemento a considerar serían los beneficios económicos de mantener estas acciones versus, por ejemplo, los be neficios sociales que se derivan de invertir dichos fondos en proyectos públicos de alto impacto social o económico.
Tomando en cuenta la necesidad de aprovechar de manera óptima los recursos estatales, podría concluirse que la sociedad panameña, sobre todos los sectores pobres y de menor ingreso, están pagando un alto "costo de oportunidad" que se deriva de la ausencia de un buen sistema de transporte, o de programas de tipo social como la Red de Oportunidades o Programa de Desarrollo Comunitario (Prodec), por citar sólo algunos ejemplos.
Como quiera que sea vea, resulta evidente que, por atractiva que fuera la rentabilidad para el Estado de mantener este 49%, en este momento dicha opción está causando un alto costo social y económico en términos del uso alternativo que se podría dar a esos fondos.
Por supuesto, dicha venta debe hacerse de modo transparente para no afectar a nadie.
