Medidas de retorsión en caso de restricciones discriminatorias
- Las medidas de retorsión son un mecanismo para hacer frente a discriminaciones comerciales extranjeras, consistentes en la aplicación de restricciones a la participación en contrataciones públicas o concesiones administrativas en el territorio nacional, a las personas naturales o jurídicas de cualquier país que discrimina a la República de Panamá. La Ley 58 del 2002 establece en la legislación panameña las medidas de retorsión en caso de restricciones discriminatorias extranjeras contra Panamá. Las autoridades panameñas podrían impugnar dichas medidas discriminatorias ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) o cualquier otra entidad internacional.
Lejos de percibirse posiciones conciliadoras entre Panamá y Colombia, se radicalizan los discursos de las autoridades de ambos países.
Mientras los inversionistas, principalmente colombianos, esperan un pronto acuerdo, el plazo que otorgó Panamá para ser excluido de la lista de paraísos fiscales ha dejado en evidencia la radical postura de las autoridades colombianas.
“No nos vamos a dejar amenazar por el plazo establecido, cuando los que están incumpliendo son ellos”, declaró ayer en Colombia, María Ángela Holguín, canciller de ese país.
Sus declaraciones se dieron luego de que Panamá le dio siete días a Colombia para negociar sin la presión de estar en la citada lista.
Holguín agregó que Colombia “no puede echar a la borda el trabajo que ha hecho para alcanzar estándares internacionales de transparencia financiera, por una amenaza”.
Sentenció que “la evasión de impuestos en Panamá es grande” y calificó la propuesta de doble tributación presentada por los panameños como imprecisa.
“Las autoridades panameñas están proponiendo un tratado de doble tributación, pero necesitamos una propuesta mucho más concreta”, dijo.
Sin embargo, indicó que los mandatarios de ambos países han sostenido conversaciones para superar la crisis.
Según Holguín, si no se alcanza un acuerdo, continuarían las conversaciones, pero no se descarta que algún organismo multilateral entre a zanjar las diferencias entre ambos países.
“A Panamá no le conviene que ningún organismo multilateral entre a mediar, porque van a estar de lado en que tiene que cooperar y dar información financiera”, puntualizó.
Panamá se defiende
Por su parte, Panamá dejó claro que no negociará bajo amenazas. “La exclusión de Panamá de la lista colombiana es un paso indispensable para comenzar a negociar la búsqueda de un mecanismo bilateral para el intercambio de información fiscal que beneficie a ambos países”, reiteró la canciller Isabel Saint Malo.
Esto fue reiterado ayer por Melitón Arrocha, ministro de Comercio, quien manifestó que de no ser retirado Panamá de la lista de paraísos fiscales se incluiría a Colombia en un listado de países discriminatorios.
Informó que Panamá anunciaría pronto las medidas recíprocas que aplicaría para defender los intereses nacionales. Es decir, Panamá estaría obligado a tomar medidas de carácter defensivo, explicó.
Con posiciones encontradas, las cancilleres de ambos países se reúnen hoy en Panamá, mientras los titulares de las carteras de Comercio en Colombia lo hacen en Bogotá, para buscar una solución al problema comercial.
Muchas expectativas
Según Eduardo Cristo, presidente de la Cámara de Comercio e Industria Colombo-Panameña, existe gran expectativa por estas reuniones.
“Pienso que de aquí va a salir algo claro, conciso, a ver si logramos, a nivel diplomático y con la voluntad política que creo también el presidente (Juan Manuel) Santos le está dando a esta relación, salgamos de este impasse”, señaló.
Por su parte, José Javier Rivera, especialista en derecho fiscal, comercial y administrativo, manifestó que una situación como esta hay que resolverla por la vía del bien y del entendimiento por parte de Colombia sobre la potestad tributaria panameña.
“Es un atributo de la ciudadanía, por ende cada país tiene una capacidad para establecer su sistema en positivo”.
Ley de retorsión
La legislación panameña establece que una vez identificada la discriminación, el Gobierno consultará, en un plazo de seis meses, con el país que adopte la medida discriminatoria para lograr una solución bilateral.
Si en el transcurso del plazo establecido no se logra un acuerdo satisfactorio para las partes, el país que emitió la lista será incluido, mediante resolución interministerial motivada de los ministerios de Comercio e Industrias, Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas, en la lista de países que discriminan a Panamá.
Según la ley, este listado tendrá carácter público e indicará la naturaleza de la discriminación, lo que les permitirá a los representantes del país que discrimina contra Panamá u otras personas con interés demostrado, presentar los argumentos que favorezcan su exclusión.
