Créditos hipotecarios para sector informal

El sistema de financiamiento de la vivienda en Panamá tiene 2 puntales básicos con los cuales la banca ha operado: uno, la Ley de Intereses Preferenciales y dos, el descuento directo de salario.
Una gran mayoría de familias ha podido acceder a una casa propia gracias a estos mecanismos, pero una población estimada en un 37.5% del país que percibe ingresos inferiores al salario mínimo de B/254.00 y que califica dentro del sector de la economía informal, no ha podido lograr ese financiamiento hipotecario, dado que no son sujeto de crédito.
La tendencia ha provocado una segmentación en el sector habitacional del país, entre los que perciben ingresos medios bajos (trabajadores formales) por los cuales compite la banca, y los de ingresos bajos (trabajadores informales) sin acceso a los beneficios de intereses preferenciales.
Según Roger Araúz, consultor jefe de la Unidad de Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda (MIVI), esta entidad intenta convencer a la banca para potenciar el financiamiento de viviendas al sector informal. Este es una de las líneas de acción que servirán de insumo para reforzar la Estrategia Nacional de Vivienda.
Con un préstamos por 62 millones de dólares del BID se elabora la estrategia la cual comprende 5 consultorías: el crédito de vivienda y financiamiento a largo plazo, subsidios, Programa de Vivienda con Subsidio y Ahorro (PROVISA), instituciones de viviendas y el desarrollo de tierras urbanas para los sectores de bajos ingresos que ofrece a las familias un lote y posteriormente los servicios públicos. Igualmente, se evalúan subsidios como el de PROVISA dirigido a familias que tienen ingresos formales muy bajos y no pueden acceder a una vivienda digna.
PROVISA le otorga a la persona B/3.00 por cada balboa ahorrado. Este plan tendrá un tope fijado en mil 800 dólares de ahorro, por 5 mil 400 de subsidio. "Con esta alternativa la personas podrán acceder a una vivienda de 14 mil dólares de interés social y una hipoteca suficientemente baja".
En Panamá existe un déficit habitacional que se ubica en un 50% en las áreas urbanas o cercanas a estos centros. El déficit se concentra en los mayores centros urbanos por la acumulación de personas, dado que en el interior existe más oferta de suelos. Mientras, en la ciudad capital la oferta es más restringida y costosa.
Según el MIVI se requiere de la producción de más de 60 mil viviendas nuevas, de mejorar las existentes y suprimir aquéllas viviendas condenadas. La esperanza se concentra en el ente financiador por excelencia de las viviendas de altos y bajos recursos, la empresa privada.
Por ejemplo, el Banco General uno de los participantes en el mercado habitacional tiene unas 18 mil viviendas financiadas y de esas más de la mitad corresponden a las personas que se acogieron a la Ley de Intereses Preferenciales o sea, debajo de 62 mil 500 dólares.
Este es un actor importante del financiamiento de vivienda en Panamá con un cartera hipotecaria por arriba de los 540 millones de dólares.
Eduardo Oliveira, vicepresidente de Crédito Hipotecario del Banco General dijo que la incertidumbre es saber si la informalidad podrá asumir sus pagos. "Mientras no tengamos una experiencia no podremos saber si ese mercado cumple con sus obligaciones o no".
Destacó que si la entidad tiene una cartera por más de 500 millones en vivienda es imposible pretender que el banco dispondrá una cantidad importante en ese sector.
El vicepresidente de la cartera hipotecaria de Banco General sostuvo que puede hacerse un experimento limitado basados en que lo último que una persona desea es perder su vivienda.
Como activista por los derechos humanos considero que la constitución actual requiere una profunda revisión, mejor aún, una nueva constitución ya que la misma fue producto de una dictadura. La Constitución no presenta una referencia específica sobre los derechos humanos, lo cual dejaría una ventana abierta para que los mismos, en un momento dado, sean ignorados.