Critican proyecto de ley de hidrocarburos

El nuevo proyecto de ley planteado por el presidente Carlos Mesa, que postula la presencia "protagónica" del Estado en el promisorio negocio petrolero, era objeto de duras críticas y entusiastas apoyos de sectores políticos, cívicos y sindicales.
En sintonía con medios y analistas locales, el socialista Evo Morales, líder de los cultivadores de coca, celebró el planteamiento de Mesa porque "el control sobre los hidrocarburos debe ser del Estado".
El gobernante "decidió recuperar la propiedad de los hidrocarburos, que es la nacionalización por derecho", aplaudió el también jefe de la segunda fuerza parlamentaria, al tiempo que comprometió su apoyo al proyecto de ley cuando comience a ser tratado en el Congreso.
En su proyecto -fundado en el referendo popular hidrocarburífero de julio último- presentado al Congreso, Mesa propone la "refundación" y fortalecimiento, con más de 600 millones de dólares, de la compañía estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), actualmente en estado residual tras su privatización en 1996.
Para tal efecto, Mesa planteó la devolución al Estado de las acciones de las petroleras Chaco, Andina y Transredes en poder de los fondos de pensiones (AFPs) y dio un plazo de 180 días para que los consorcios privados se adecuen a nuevos contratos. Luego de reafirmar su oposición tajante a cualquier forma de expropiación o confiscación de las concesiones de petroleras extranjeras, también propone la elevación de 18 a 50% de los impuestos a la producción.
"Nosotros creemos que esta es una ley que coloca al Estado en una posición importante, protagónica, de nacionalización, de recuperación del concepto estratégico, pero que no le cierra la puerta en ningún momento a quienes han invertido en Bolivia", explicó Mesa.
El diputado Julio Leigue, vocero del Movimiento Nacionalista Revolucionario, destacó que "el pueblo estaba esperando una actitud así".
"La propuesta de ley es atentatoria y lapidaria contra los departamentos productores y la actividad petrolera", sostuvo el vicepresidente del Comité Cívico de Tarija, Héctor Lenz.
En tanto, el líder de Santa Cruz, Rubén Costas, definió la medida presidencial como una "mala señal" a los inversores extranjeros.