Los representantes de corregimiento de La Chorrera se quejaron por los excesivos requerimientos establecidos por los funcionarios de la Control Fiscal de la Contraloría General de la República al momento de realizar los trámites de compra y pago por servicios. Tales restricciones están afectando igualmente a la administración alcaldicia, ya que por tres meses no se ha podido efectuar la compra de la enseña patria, cuyo costo es de B/.3.00 pues para ello debe confeccionarse un cheque por ese monto, en vez de pagarse por caja menuda.
Igualmente se giró una orden por parte de un funcionario de Control Fiscal de que la compra de flores debía ser pagada con un cheque, orden que difiere con la dada por un nuevo funcionario de este departamento. Sobre esta situación la alcaldesa Brenda De Icaza, indicó que se pudiera entender que es su administración la que impone tales restricciones, sin embargo, no es así, prueba de ello es que los mismos problemas que están enfrentado los ediles los sufre su ésta.
En este sentido, durante la sesión ordinaria de esta semana del Consejo Municipal de La Chorrera, el nuevo encargado de la Oficina de Control Fiscal de la Contraloría General de La República, Manuel Ayala, dijo que no se exigirán más documentos que los especificados por las Normas de Procedimiento y la Ley 56, además de las normas aprobadas. Dijo además que su función es la de intentar borrar esa mala imagen que se tenía de la Contraloría General de La República y hacer cumplir con lo señalado en las disposiciones legales en cuanto a contratación pública y demás.
No obstante, el presidente del Concejo, Leonardo Hernandez, enfatizó que al parecer el "librito" que utiliza Control Fiscal en el Municipio de La Chorrera es diferente al que emplea en otras municipalidades, lo que afecta el desarrollo de distrito. Explicó que no se aspira a obtener un trato especial por parte de la Contraloría, pero si a que no se obstaculicen los trámites de los proyectos de los representantes de corregimiento y la administración.
