CSS: entre parches y soluciones integrales

Con una deuda pública de 9,9 millones de dólares y una Caja de Seguro Social (CSS), que tiene compromisos financieros por el orden de los $14 mil millones, Panamá no podrá optar por un cambio estructural de su seguridad social, aunque sería para muchos economistas el método ideal.
El hecho de que el Estado no tiene en estos momentos la capacidad de tener un fondo de ahorro para financiar un proceso de transición en el programa de pensiones y jubilaciones, hace creer que la solución que analizarán las autoridades sólo incluye pequeñas reformas como las efectuadas en 1991.
Los economistas y consultores de la firma Arden&Price, opinan que aunque el Estado no pueda crear un fondo de ahorro será insostenible mantener el sistema de reparto que ha sido modificado en los últimos 15 años, por 12 países de Latinoamérica.
Y es que el sistema actual de reparto está colapsando en todo el mundo, debido al incremento de la esperanza de vida y la reducción de la tasa de natalidad.
Ante esa situación países como México, Argentina, Colombia, Chile y El Salvador tomaron alternativas desde eliminar de raíz el sistema de pensiones hasta establecer sistemas mixtos. En ese sentido, Panamá no puede quedarse atrás.
Sólo tres países de la región (Argentina, Costa Rica y República Dominicana) optaron por realizar reformas integrales a su seguridad social, incluyendo un esquema mixto de funciones en donde el Estado y las Agencias de Fondos de Jubilación Privada (AFJP), cargaban con la administración de las jubilaciones.
El nuevo esquema pasa de ser una carga intergeneracional a un sistema de responsabilidad individual.
Según Irene Giménez, consultora de Arden&Price, el caso argentino se asemeja a lo que podría ser una estructura óptima de jubilación. En ese sistema se le dio la oportunidad a la población de recibir el doble de beneficios de lo que otorgaba el Estado.
Por ello, era más confiable porque no depende de la solidez de las finanzas públicas.
Por otro lado, el Estado continuaba subsidiando a quiénes les faltaba de 5 a 10 años para jubilarse.
Los cotizantes en las AFJP aportan un 11% de su salario. De este monto, el 7.5% se deposita en la cuenta individual.
El resto pasaba a los gastos de administración y seguros por muerte e invalidez.
Tomando en cuenta este escenario los economistas estudian la posibilidad que el Estado panameño y las Agencias de Fondos de Jubilación Privada puedan ocuparse del programa de Invalidez, Vejez y Muerte, repartiéndose las funciones.
Por otro lado, entrarían en la jugada las aseguradoras de riesgos laborales para administrar el programa de Riesgos Profesionales.
En el caso del programa de Enfermedad y Maternidad que se encarga de las prestaciones médicas, los cotizantes podrán optar por los servicios de hospitales públicos y privados , según los beneficios que les dé el plan al que se adhieran.
Panamá cuenta con más de cuatro empresas que abarcan el mercado de las pensiones privadas, incluyendo las que administran los fondos del SIACAP.
El hecho de que el mercado de pensiones privadas cuenta con más de 16,000 clientes actualmente, deja el terreno abonado para una fácil transición.
Debido al crecimiento en los últimos años de los afiliados, la Comisión Nacional de Valores (CNV) estudia la regulación de estas empresas.
Carlos Barsallo, comisionado de la CNV, dijo que la situación financiera de la Caja de Seguro Social (CSS), podría generar un "boom" en un mediano o corto plazo en los fondos de pensiones privados. Pero ello dependerá de las medidas que las autoridades tomen en las reformas a la CSS.
De existir la posibilidad de que se tome en cuenta un sistema mixto de seguridad social, los economistas recomiendan se garantice por métodos legales que el Estado no pueda meterse con los fondos privados, caso que ocasionó problemas financieros en Argentina.