Cuestionan aplicación de nueva ley de contratación

La Cámara de Comercio propone que a todas las entidades gubernamentales, intermediarios financieros y sociedades anónimas, en donde el Estado tenga un 51% de sus acciones, se les aplique la nueva ley de contratación pública, sin excepción alguna.
Domingo Latorraca, primer vicepresidente de dicho gremio, dijo que a los comerciantes les preocupa que varias entidades queden por fuera de la citada ley, pues quedaría en entredicho la transparencia de este proceso.
La nueva legislación, discutida ayer en primer debate en la Asamblea Nacional, excluye de su aplicación a entidades como la Autoridad del Canal de Panamá por tener título constitucional y a la Caja de Seguro Social, que modernizó su sistema de compras.
A esta excepción también se quieren sumar la Universidad de Panamá y la Empresa Tocumen S.A.
Mientras, la Caja de Ahorros y el Banco Nacional plantean la aplicación supletoria, o sea, que primero se utilice la reglamentación interna y luego la ley de contratación.
La ley en discusión crea una entidad que tendrá la facultad de regular, interpretar, fiscalizar y asesorar en los procedimientos de selección de contratistas.
Carlos Quintero, gerente jurídico de la Caja de Ahorros, abogó por la aplicación supletorio, siempre y cuando existan artículos que no contemplen la reglamentación interna.
El funcionario considera que adicionar una nueva ley a los controles existentes podría ser un obstáculo para la competitividad.
En tanto, Adrián Cuevas, asesor legal de la Universidad de Panamá, fue más allá, al solicitar que se excluya a esta entidad de la aplicación de la ley, alegando que será más competitiva manejando su propio proceso de compras.
Para Oydén Ortega, asesor legal del Banco Nacional, si se contempla la forma supletoria, son pocas las normas de contrataciones que se aplicarían.
Una de ellas, dijo, sería la contratación directa aprobada mediante resolución.
No obstante, el secretario presidencial para la Innovación Gubernamental, Gaspar Tarté, indicó que el problema no está en la ley sino en la ineficiencia administrativa. Tarté considera que la nueva ley se debe aplicar a las instituciones sin excepción. Lo que se podría hacer en algunos casos, afirmó, sería eximirlas de algunos procedimientos que les afecten.
A pesar de que no hubo consenso entre las partes involucradas, ayer se aprobaron los primeros 23 artículos de esta polémica ley.
Igualmente, se modificó el artículo No. 2 que trata sobre definiciones de conceptos y el 17, para adecuar su redacción.
La nueva ley busca reducir los trámites burocráticos, así como lograr ahorros por $20 mil al año y garantizar la transparencia.
Actualmente las compras gubernamentales ascienden a $150 millones anuales.