La decisión del Gobierno de Chile de permitir que empresas privadas puedan extraer litio ha suscitado la apertura de un debate en torno a la fórmula de explotación de un mineral cuya demanda mundial se ha visto triplicada en los últimos 10 años.
Según detractores de la idea, la iniciativa pone en peligro la definición de mineral “estratégico” que una ley vigente desde hace casi 40 años asigna al litio.
El pasado 27 de marzo, el Ejecutivo de Sebastián Piñera aprobó por vía administrativa la implementación de los Contratos Especiales de Operación del Litio (CEOL), un decreto que autoriza a empresas locales y extranjeras a obtener 100,000 toneladas de este mineral en los próximos 20 años.
Mediante esta concesión, Chile, que según cálculos del Gobierno tiene un cuarto de las reservas mundiales de litio, concentradas en el norte del país y posee un 41% del mercado mundial, prevé recaudar 350 millones de dólares a través del cobro del 7% de las transacciones que consigan estas corporaciones.
