El gobierno español alzó el tono y decretó un arbitraje obligatorio para poner fin al interminable conflicto en la compañía aérea Iberia, que exaspera a los usuarios, víctimas durante la noche del jueves de la imprevista anulación de todos los vuelos.
Toda la prensa criticó ayer, a la dirección de Iberia, primera compañía española, y al sindicato de pilotos SEPLA, acusándolos de “tomar como rehenes” a decenas de miles de pasajeros.
El diario liberal El Mundo incluso reclamó la renuncia del presidente de la compañía, Xabier de Irala, por la forma en la que gestiona la crisis.
Iberia y SEPLA están involucrados desde hace meses en una intensa guerra de nervios.Los pilotos piden la anulación durante cuatro años de la retención del 20% de sus salarios, una medida aprobada en 1995 para mejorar la situación financiera del grupo.
Por su parte, Iberia propuso un aumento salarial que podría llegar hasta el 26% en cuatro años, en función de la productividad y de los resultados financieros.
El conflicto desembocó este verano (boreal) en una campaña de diez días de huelga escalonada de los pilotos desde mediados de junio hasta fines de agosto.Los tres días de huelga que ya tuvieron lugar ocasionaron la anulación de cientos de vuelos y pérdidas diarias de entre 6 y 9 millones de euros (entre 5 y 8 millones de dólares aproximadamente) para la compañía, privatizada recientemente, según la dirección.
La tensión alcanzó su punto álgido el jueves por la noche, cuando la dirección de Iberia anunció la suspensión de todos sus vuelos hasta nueva orden, tomando desprevenidos a unos 80.000 pasajeros.
Iberia justificó esa medida sin precedentes por la repentina dimisión de 99 de los 297 pilotos encargados de supervisar, en tierra, las operaciones de vuelo de la compañía.
El caos imperó durante toda la noche en los principales aeropuertos españoles hasta que la compañía decidió reanudar los vuelos de madrugada, por las presiones del gobierno y después de que los dimisionarios prometiesen permanecer en sus puestos de forma provisional.
Frente al escándalo provocado por la suspensión de los vuelos y por temor a eventuales repercusiones negativas en el turismo, principal fuente de ingresos del país, el gobierno decidió el viernes imponer un arbitraje, como prevé la ley en caso de conflicto social inextricable.
A falta de acuerdo entre las partes sobre la designación de un árbitro, el ministerio de Transportes nombrará a uno de oficio este fin de semana.El designado contará con cuatro días para solucionar las diferencias entre las partes.Su decisión, de carácter obligatorio, pondrá fin al conflicto y anulará los siete días de huelga restantes.
Pese a afirmar que respetará el veredicto arbitral, ya que no puede evitarlo, el SEPLA criticó la intervención del gobierno y anunció que recurrirá ante la justicia la designación del árbitro.
