La demanda interpuesta por el Caja del Seguro Social (CSS) a la empresa mexicana Ingenieros Civiles y Asociados (ICA) por más de un millón de dólares, debido al uso no autorizado del Corredor Sur en medio de la finca que es propiedad de la institución, va al ritmo de procesión, "ni para atrás, ni para adelante".
Cuando el proceso inició, ambas partes declararon una batalla legal; sin embargo, a casi un año de haber empezado el litigio, la sustitución de la firma legal que representaba a la CSS, ha dilatado los trámites.
El presidente de la Junta Directiva de la CSS, Rafael Medina, explicó que la firma Forero Fábrega, interpuso inicialmente la demanda, pero por los altos honorarios que se solicitaban, la junta directiva decidió no contratar los servicios del bufete y darle el bastión a los asesores legales del CSS, a quienes no se les tiene que pagar dinero extra por ser funcionarios de la institución.
Medina no precisó el monto que exigía la firma, pero señaló que era de esperarse que una reconocida firma de abogados cobraría una suma importante, pero aclaró que este punto nunca representó un problema, porque el remplazo se hizo por mutuo acuerdo, al punto que en la actualidad, el jurista Jorge Fábrega, asesora, cuando así se le solicita, a los abogados de la entidad.
La CSS empieza el reclamo a ICA el 31 de marzo de 2000, por la división de la finca en dos terrenos al construirse el Corredor Sur, y, a casi un mes de completarse el año del litigio, nada se ha logrado, porque cuando se tenía todo preparado para iniciar la presentación de pruebas se dictó una providencia para reconocer al nuevo apoderado.
De aquí en adelante, el tiempo pasó lentamente, con el vacío jurídico de la defensa de los intereses de la CSS. El 25 de septiembre de 2000 se emitió la resolución del cambio y no fue hasta el 5 de febrero de este año que se le notifica a ICA.
Estas tierras fueron adjudicadas a la CSS, por un embargo a empresas que no pagaron sus cuotas patronales. El terreno fue aceptado por un valor de 2.7 millones de dólares, en un proceso judicial de remate que empezó en l986 y culminó en 1990.
Estos terrenos han adquiriendo valor a través del tiempo, porque en el área adyacente apareció la barriada Costa del Este y el mismo Corredor Sur impulsó la plus valía.. Las estimaciones indican que el metro cuadrado cercano al Corredor Sur podría costar unos 30 dólares, mientras que en la parte donde se presentan profundas depresiones podría tener un valor entre 5 y 7 dólares.
En tanto, los avalúos del Ministerio de Economía y Finanzas señalan que las dos hectáreas (293,044.08 M2) que el Corredor Sur dejó sin acceso tienen un valor promedio de 5 millones de dólares.
Ahora el proceso vuelve a quedar en la etapa probatoria, para la que ambas partes parecen estar preparadas, pero está en manos del juzgado hacer el llamamiento para la sustentación de los hechos.
El punto a favor de la CSS es que ahora la demanda no representa gastos, aunque la defensa no tiene la consistencia de un bufete de primer nivel. Mientras tanto, los inversionistas supuestamente interesados en las tierras, específicamente empresas inmobiliarias podrían conseguir otras opciones para desarrollar sus proyectos.
