Clientes de Western Union demandaron a Arizona, alegando que el estado ha incurrido en una acción inconstitucional al confiscar remesas de dinero con el fin de combatir el contrabando y el lavado de dinero.
Las incautaciones, suspendidas por un juez después de que se las reveló el mes pasado, tenían por objeto la mayoría de las transferencias de $500 o más desde algunos estados de Estados Unidos a Arizona y Sonora, México.
Sumaron más de $12 millones en dos años, alegaron los clientes ayer en una demanda en Phoenix. El estado tiene por blanco a personas inocentes que envían dinero para ayudar a parientes y para pagar las cuotas de automóviles, se sostiene en el alegato.
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