Por perjuicios, entre 1996 y el 2002 el Ministerio de Defensa pagó 271,654 millones de pesos, la Policía Nacional 160,000 millones y el Inpec 43,180 millones.
El 7 de marzo de 1994, un civil fue confundido con un guerrillero en una zona rural del país y terminó muerto en medio de un enfrentamiento entre el Ejército Nacional y la guerrilla.
Por este hecho, el Consejo de Estado condenó a la Nación y al Ministerio de Defensa a pagar 113 millones de pesos.
Por sentencias como ésta, así como por conciliaciones y fallos de tribunales de arbitramento, el fisco nacional tuvo que pagar a particulares 1.95 billones de pesos entre 1995 y el 2002, según lo reveló ayer la Contraloría General de la República.
Sin embargo, lo peor aún estaría por venir, pues las pretensiones de los demandantes en contra de la Nación ascendían a 31.6 billones de pesos, al cierre del 2002. Esta cifra equivale al 44 por ciento del Presupuesto Nacional y a 17 por ciento del Producto Interno Bruto.
Entre 1996 y el 2002, la entidad del Estado que más pagó por demandas y conciliaciones fue el Ministerio de Defensa: 271,654 millones de pesos (el 54 por ciento), seguido por la Policía Nacional con 160,746 millones de pesos (32 por ciento) y el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) con 43,180 millones de pesos (9 por ciento).
Después aparece la Fiscalía General de la Nación con 12,373 millones de pesos, seguida por el Consejo Superior de la Judicatura con otros 13.861 millones, para un total de 501,814 millones entre las cinco entidades de este sector.
