La matemática financiera continúa causándole estrés a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas.
Por más que trabajaron para lograr una reducción del déficit fiscal, no contaron con que los diferentes fallos arbitrales contra el Estado de años anteriores, elevarían la brecha del 2004 a 862.9 millones de dólares, es decir 6.2% del Producto Interno Bruto (PIB).
Las autoridades que no sólo heredaron deudas atrasadas con algunos proveedores del Estado, también tendrán que encontrar la forma de obtener los recursos económicos para hacerle frente a las millonarias demandas a favor de la compañía Ingenieros Civiles y Asociados (ICA); a los antiguos trabajadores del IRHE, afectados por la Ley 25; a la demanda a favor de Laurent Jean Parienti y el antiguo caso del puente Van Dam.
"Algunos de estos fallos y laudos arbitrales siempre estuvieron allí, sólo que la administración pasada no los reconoció. Sin embargo si se quiere mostrar que el país anda por el camino correcto deben reconocerse como deudas", dijo recientemente Ricaurte Vásquez, ministro de Economía y Finanzas.
El año pasado un fallo arbitral determinó que el Estado debería pagar a ICA, 25.5 millones de dólares por incumplimiento de un contrato. Los trabajadores de la Ley 25 exigieron pagos por más de 40 millones de dólares en concepto de salarios caídos e indemnización.
El francés Laurent Jean Marc-Parienti pide 32.5 millones de dólares por la suspensión de una concesión de una terminal ubicada en la provincia de Colón.
Igualmente, el Estado tiene que pagar una indemnización por 20 millones de dólares a la firma Van Dam & Sosa y Barbero por paralizar las obras del segundo puente sobre el Canal, conocido como el Van Dam.
Si todos estos fallos y laudos arbitrales no fueran incluidos dentro de las finanzas públicas, el déficit fiscal del sector público no financiero sería sólo de 5%.
Este porcentaje representaría 691 millones de dólares.
Es decir, que las autoridades lograron ajustarse el cinturón lo suficiente como para reducir el déficit fiscal de 720 millones de dólares, heredados de la administración anterior en el mes de septiembre de 2004.
La disminución obedeció en gran parte al hecho de que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) aportó en 2004 dividendos al Estado por 183.7 millones de dólares, muy por encima de la cifra presupuestada.
El cálculo del déficit no incluye los dividendos anticipados del Banco Nacional, ni los resultados financieros de la Autoridad del Canal, ni los ahorros generados por las operaciones de recompra de deuda, elementos que sí fueron tomados en cuenta por la administración anterior.
La actual administración recibió un inventario de cuentas por pagar, tanto registradas como no registradas, que sumaban aproximadamente 503.1 millones de dólares a septiembre del 2004.
En ese momento la decisión fue ir disminuyendo estás deudas a un plazo no mayor de 90 días.
Lo anterior trajo como resultado que al mes de marzo sólo se deban 34.8 millones de dólares a los proveedores del Estado.
Demandas debilitan finanzas
Los millonarios procesos legales que enfrenta el Estado se han convertido en goteras que dejan huecos fiscales difíciles de tapar. El déficit no baja por más que se cierre el grifo de los gastos.
