Vivienda digna, un derecho que a unos 150,000 panameños aún no se les hace realidad, está íntimamente ligado al de propiedad de la tierra sobre la que se construye.
El ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, presentó el 31 de julio pasado un alegato de apoyo a la demanda de inconstitucionalidad que días antes interpuso el abogado Samuel Velázquez Díaz contra la Ley 23 de Costas, considerada por el funcionario como “un atraco contra el Estado”.
Panamá Américaconoció que el proyecto de fondo sobre esta demanda, redactado por el magistrado Anibal Salas, está circulando para la firma del resto de jueces supremos luego de agotarse la fase de alegatos y pruebas, por lo que puede revelarse en los próximos días.
La polémica ley, aprobada el 21 de abril pasado bajo la paternidad del legislador del Partido Revolucionario Democrático Freidi Torres, no ha sido reglamentada.
La principal razón para impugnarla es que supuestamente viola el artículo 258 de la Constitución que consagra la inadjudicabilidad de las costas.
La ley establece costos irrisorios por el metro cuadrado de tierras nacionales en las costas, donde viven unas 100,000 personas, según Torres, cuyo derecho de propiedad queda en entredicho.
Opciones.
El gobierno prepara, además, un anteproyecto de ley para sacar de los beneficios de la Ley 23 a cientos de sociedades anónimas que han acaparado propiedades con potencial de explotación turística.
Esta Ley plantea que por la inscripción de hasta 20 hectáreas se podrá pagar $50, de 20 a 50 hectáreas, $100, y por más hectáreas, $150, luego de demostrar cinco años o más de ocupación del terreno y da un plazo de 10 años para pagar el valor catastral, pero el nuevo director de Catastro, Publio Cortés, dijo que el gobierno pretende entregar estos títulos gratuitamente a los más humildes.
La reforma fiscal que debe aprobarse hoy en tercer debate acaba con el franccionamiento de la tierra, recurso usado para eludir el impuesto respectivo.
Estos temas serán debatidos el próximo 24 de septiembre con la participación de Cortés y los expertos Armando Ribas, cubano; el peruano Enrique Ghersi y Manuel Ayau, fundador del Centro de Estudios Económicos y Sociales de Guatemala, convocados por la Fundación Libertad.
