LA multicausalidad obliga a que los programas de seguridad ciudadana incluyan, además del fortalecimiento y modernización de las instituciones de seguridad y justicia, la implementación de servicios preventivos para atender a la población vulnerable, en riesgo o que ha delinquido, especialmente jóvenes, ampliando además de la atención en salud, la cobertura y retención escolar e impulsando programas de recreación y deporte, capacitación para el trabajo y aumentando las oportunidades laborales.
Actualmente los recursos destinados a la seguridad ciudadana son insuficientes para hacer frente a los niveles de violencia existentes, y han sido orientados en su mayoría a actividades de control y represión, más que a proyectos de prevención, aún cuando estudios realizados por el BID destacan que por cada $100 que se invierten en medidas de prevención, se ahorran en el futuro $700 en medidas de represión y control.
Costa Rica y Panamá son los países con los menores niveles de violencia medida por medio de la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes. También son los países con los menores niveles de pobreza, la tasa más alta de jóvenes en el sistema educativo y alta inversión en seguridad ciudadana. Llama la atención el caso de Nicaragua donde, a pesar de los altos niveles de pobreza, la violencia es menor. Ello se explica, en parte, por la desarticulación de las fuerzas de seguridad que en el pasado fueron responsables de la represión, siendo substituidas por una policía con alto grado de profesionalización.
Desafíos para la seguridad
Por cada $100 que se invierte en prevención, se ahorran en el futuro $700 en represión.
