Penumbroso es el panorama del sector eléctrico chileno. En los últimos tres años empresas que fueron luminarias no sólo a nivel local sino también latinoamericano - como Endesa y Gener- pasaron a enfrentar serios problemas de iliquidez, que sumados a la incertidumbre regulatoria desanimaron los nuevos proyectos, despertando el fantasma del desabastecimiento.
Por lo mismo, hoy por hoy lo más relevante es despejar el marco legal para que se reactiven las inversiones, ya sea por parte de quienes participan del negocio como de nuevos actores. Pero aunque el Gobierno tiene claro que de seguir dilatando la Ley Corta - que apunta a normar la transmisión y que ya lleva dos años de debate- el costo político no será menor: los cortes de suministro no son bien evaluados por los votantes. Sino, que le pregunten a Cardoso, el expresidente de Brasil.
Claramente el Ejecutivo no ha sabido enfrentar la reformulación al marco regulatorio, empantanándose en la diferencias internas entre sus propios tecnócratas, en medio de un diálogo de sordos con las empresas. Desde hace rato es público que las visiones conceptuales del ministro de Economía, Jorge Rodríguez, y la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Vivianne Blanlot, sobre el punto más conflictivo del proyecto- la distribución de los peajes troncales- van por carriles distintos.
La CNE ha insistido en que éstos deben pagarse en partes iguales por quienes inyectan (generadores) y quienes retiran (comercializadores) por tramos, en función de lo que cada segmento usa.
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