Mientras las empresas precalificadas para la concesión del Aeropuerto Internacional de Tocumen continúan su larga espera por la decisión del gobierno, la Unidad de Procesos de Privatización (PROPRIVAT) del Ministerio de Economía y Finanzas, ha encontrado algunas ingratas "sorpresas", que se hubieran convertido en un "dolor de cabeza", de haberse otorgado la concesión, en las condiciones que había pactado el gobierno anterior.
Los estudios de impacto ambiental aún no están terminados, los estados financieros del aeropuerto están mezclados con los de la Dirección de Aeronáutica Civil y datan de tres años. Tampoco se consideró que las tierras que estarían destinadas a la expansión del terminal aéreo no pertenecen al aeropuerto, ni el status de otras fincas que aún no tienen claramente establecido su área de extensión y propiedad.
Otro de los puntos que PROPRIVAT podría modificar en el pliego de cargos se refiere a la fórmula financiera. El pliego de cargos establece un canon anual de 8 millones de dólares, más el 5% de los ingresos brutos de la operación de Tocumen, a pesar que este aeropuerto es altamente rentable.
Fátima Pérez Polo señaló que el actual proyecto no establece claramente la inversión en mantenimiento y expansión, lo que impide determinar si el mismo es financieramente viable.
Según la funcionaria, este tipo de concesiones millonarias requiere un ente fiscalizador que realice un control muy estricto, y actualmente la Dirección de Aeronáutica Civil necesita una profunda modernización de su marco jurídico para poder supervisar adecuadamente la actuación de la empresa que administrará el aeropuerto.
La experiencia con la privatización de los aeropuertos en América Latina no ha sido alentadora, y en la mayoría de los casos se han incrementado los costos de operación e impuestos de salida.
En este aspecto, Pérez Polo explica que este problema en otros países obedece a una falla en los aspectos de regulación estatal, y asegura que el Estado va a mantener control sobre las tarifas aeroportuarias para garantizar que no exista riesgo de aumento en los costos.
La administración de Tocumen se rige por el concepto de "caja común del estado" y además subsidia el resto de los pequeños aeropuertos del interior del país, que no son autosuficientes, por lo que muchos se preguntaban ¿qué sucederá con estos pequeños aeropuertos, si se concretiza el proceso de privatización?
Ante esta interrogante, PROPRIVAT indica que la nueva fórmula de concesión va a contemplar "otras alternativas" para el mantenimiento del resto de los aeropuertos pequeños, porque "éste es un tema de estado".
Mientras PROPRIVAT continúa su análisis, las empresas precalificadas podrían perder el interés en Tocumen, precisamente porque ya se ha avisado de la intensión de realizar algunos cambios en las condiciones que inicialmente se habían planteado.
Otra posibilidad es que el Estado decida que la mejor alternativa no es la concesión, y en ese caso se cambiaría todo el proyecto para abrir una nueva licitación, donde podrían participar otros agentes económicos.
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