El no haber sancionado la ley que prohíbe el pago obligatorio de propinas en comercios confirma el "desinterés" del Ejecutivo en legislar a favor de la clase trabajadora, aseguran los consumidores.
Más de tres meses han pasado desde que la Asamblea Nacional (AN) aprobó en tercer debate la Ley 191, que adiciona el artículo 36-A a la Ley 45 de 2007, que dicta normas sobre protección al consumidor, y aún el presidente Juan Carlos Varela no ha decidido si la sanciona o la veta.
Situación que, a juicio de los consumidores, demuestra la falta de interés del Ejecutivo en sancionar esta ley que es para el pueblo, lo que deja claro, según ellos, que la actual administración legisla en virtud de los comerciantes del país.
Algunos bares y restaurantes actualmente están cobrando en propina entre un 10% y un 15% del total consumido, esto por servicios prestados, el cual, según los dueños, es repartido entre los colaboradores, ya sea una o dos veces por mes.
Sin embargo, expertos han señalado que esto es aprovechado por los dueños de comercios para pagar salarios y hasta para solventar gastos operativos.
Para Pedro Acosta, presidente de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa), el que el Ejecutivo no haya sancionado la ley que prohíbe el pago obligatorio de propinas en comercios demuestra que los consumidores no son prioridad en la actual administración de Gobierno.
Agregó que por situaciones como esta la imagen del Ejecutivo se deteriora y contrasta con la promesa del presidente Varela de legislar en favor del pueblo.
"El problema de la propina tiene otras implicaciones, ya que muchos comerciantes la usan como gancho para pagarles menos salario a sus colaboradores y ajustarle su sueldo con este dinero, algo que no es correcto", destacó Acosta.
Manifestó que este dinero no es un sueldo, sino una gratificación del cliente hacia quien lo atiende, por lo que el dueño del comercio no debe tener injerencia sobre el mismo.
Por su parte, Giovanni Fletcher, representante del Instituto Panameño de Derecho de los Consumidores, señaló que están expectantes y preocupados por la no sanción de esta ley.
Fletcher agregó que en caso de que el Ejecutivo no la sancione, el presidente de la AN tiene la potestad de hacerlo y promulgarla por insistencia.
En tanto, el economista Juan Jované resaltó que el "silencio" del presidente frente a esta ley no es correcto, porque debe tener una opinión ya sea a favor o en contra, y eso refleja "indecisión" o "desidia", lo que no es conveniente, porque el país no sabe qué opina el mandatario sobre un tema vital como este.
Denuncian mal uso
A esta situación se le suma la denuncia hecha por algunos trabajadores de restaurantes, bares y hoteles, quienes destacan que el 100% de las propinas que dejan los clientes no están llegando a sus bolsillos, en lo que coinciden con Acosta.
Por el contrario, señalan que algunos propietarios de comercios han encontrado con esta gratificación otra entrada para sus negocios que puede alcanzar hasta un 30% del total que dan los clientes en propinas, usado en muchos casos para pagar gastos de sus negocios.
Un joven que ha laborado en diversos casinos y restaurantes del país, quien pidió reserva de su nombre, destacó que en la actualidad las propinas se están repartiendo entre colaboradores, administradores y en algunos casos el dueño.
Señaló que hace algunos años la propina era individual para el mesero y la persona la pagaba con base en el servicio brindado, algo que ha cambiado y, actualmente, las están repartiendo entre todos los colaboradores del local.
"En el casino donde yo laboro la propina es repartida dos veces al mes y en ocasiones nos ha tocado hasta unos 200 dólares a cada uno de los más de 20 trabajadores", agregó.
Destacó que en una noche normal en el casino se pueden hacer en propinas entre unos $500 y $700, mientras que un día de movimiento hasta unos $1,000 y $2000.
Mientras, en restaurantes las propinas rondan entre $75 y $100 diarios.
Resaltó que para poder cobrar esa propina tienen que cumplir una serie de reglas, como no faltar, cero tardanzas y no tener quejas de parte de los clientes.
Algo que para él está bien por el tema de responsabilidad, pero contrasta un poco porque el cliente paga por el buen servicio que le da quien lo atiende y al repartirla entre todos se beneficia a los que no hacen un buen trabajo.
