La reforma tributaria ha entrado a una fase sensitiva. Ayer la mesa del Diálogo Nacional para la Reactivación Económica empezó la discusión de las reformas al Código Fiscal, específicamente los cambios que se harán al Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles (ITBM). La discusión central de este impuesto es la ampliación de su base, que es del 5%.
El viceministro de Economía, Domingo Latorraca, manifestó que en conjunto con los diversos grupos representados en el diálogo, iniciaron los comentarios de los cambios de este impuesto. Latorraca precisó que la discusión de este tema no concluyó ayer, por lo que prefiere no hacer comentarios específicos de los puntos atendidos.
En la propuesta planteada por el Gobierno se destaca la baja recaudación del ITBM, que tiene amplias exenciones y no grava los servicios. El ITMB que se aplica en Panamá, según la propuesta, es el más bajo de América Latina, con una tasa general del 5%, mientras que en el resto de la región el gravamen asciende al 14%.
A juicio del ex presidente del Sindicato de Industriales, Juan Francisco Kiener, se podría decir que el diálogo ha entrado en su recta final, aunque no se sabe cuánto durará esta última etapa de debate.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, José Javier Rivera, precisó que esta reforma afectará a todos los panameños, pero para eso es el diálogo, "para estudiar y tratar de minimizar el impacto de gravar más impuestos".
La propuesta estatal plantea la ampliación base (5%) del ITBM a los servicios. Se excluiría los servicios básicos como salud, educación, energía eléctrica y telefonía fija.
De acuerdo con algunos análisis privados, esto crearía una competencia desleal entre la telefonía fija y la móvil, porque en el Impuesto Selectivo de Consumo se incluye el servicio de telefonía celular. Tampoco incluye los servicios prestados por los trabajadores en relación de dependencia.
Tampoco se incluye los alimentos, ni los servicios vinculados a la salud de los seres humanos, sean prestados por entidades públicas o privadas. La propuesta que actualmente se discute, mantiene las exoneraciones sobre productos medicinales, útiles escolares y combustible.
