En efecto, las expectativas que se formaron en el país en general suponían que la Comisión de Diálogo nombrada por el Gobierno Nacional iba a sentar las bases para el inicio de un gran plan de reactivación económica tal y como se esperaba dadas las características de sus integrantes, todos representantes de fuerzas políticas y gremiales acompañados de algunos funcionarios ministeriales.
El objetivo fundamental del Diálogo era, desde todo punto de vista, de importancia vital, e implicaba el logro de acuerdos consensuados para que las medidas que se tomaran a raíz de las conclusiones formuladas, iniciaran a toda velocidad la reactivación de todas las actividades económicas, fundamentalmente, aquellas que fueran generadoras de empleo y permitieran a la economía volver a la senda de crecimiento.
En resumen, las medidas planteadas para reactivar la economía se asemejan más bien a un menú de opciones para la utilización del Fondo Fiduciario del Desarrollo (FFD) que a la profundización y complemento del plan de inversiones del Gobierno nacional que, a mi juicio, en términos macroeconómicos representa una estrategia más coherente que pudiese expandir la demanda agregada.
Bajo la premisa de quien más consulta menos se equivoca, se iniciaron varios diálogos para consensuar políticamente la mayoría de las grandes decisiones, en materia de derechos humanos, educación, seguridad social, y reactivación económica.
Estas medidas desde todo punto de vista, son extremadamente valiosas y generan variadas expectativas, tanto para la población económicamente activa como para el ciudadano común, sin embargo, al calor de la discusión y la lucha ideológica la premisa pudiera convertirse no en quien más consulta menos se equivoca, sino más bien en quien más consulta más se confunde.
El establecimiento de estas mesas de diálogos son evidentemente beneficiosas para la toma de decisiones, pero en algunos casos el interés político se antepone al interés económico y sus conclusiones, sobre todo en materia económica, se estancan cuando la ideología se antepone a la razón y la ley de lucha de contrarios se convierte en la dialéctica del diálogo.
Quizás lo más beneficioso sería que los integrantes de estos diálogos pudiesen tener bastante afinidad con los temas y se establecieran consejos técnicos integrados por profesionales de cada área o rama para que las medidas que se sugieran sean técnicamente viables tal y como en el caso de las comisiones de la verdad y anticorrupción, las cuales fueron integradas por ciudadanos -mayormente abogados y personal técnico- altamente experimentados en estos temas, lo cuál no desmerita a nadie.
Sin embargo una decisión técnica o científica, es mucho más viable que una decisión meramente política. Igualmente, es destacable los ingentes esfuerzos del gobierno nacional por reactivar la economía, pero observamos que al conformar la comisión de reactivación económica y la de seguridad social, el elemento político e ideológico se ha constituido en una barrera para el avance del mismo lo cuál reduce la capacidad para concluir medidas certeras que logren reactivar efectivamente la economía y al mismo tiempo represeten opciones válidas tanto para el crecimiento económico como para la seguridad social.
Entre las principales conclusiones y recomendaciones del Diálogo Nacional, según se desprende del discurso de presentación el Ministro Delgado, podemos observar tres grandes lineamientos:
Limitación de capacidad del Estado. Se definen técnicamente los niveles que puede alcanzar, en función del crecimiento económico del país, el tamaño del Estado, medido a través del monto de los gastos de funcionamiento. Se estará limitando la capacidad del Estado para endeudarse, en función del crecimiento de la economía, ya que la deuda pública sólo podrá crecer en un porcentaje inferior a un veinte por ciento (20%) del crecimiento anual de ésta, lo que obligará al Estado panameño a estructurar su presupuesto anual, en función de caja, es decir, de sus ingresos reales más la capacidad regulada de endeudarse.
Áreas Revertidas, Se ha plasmado un proyecto de ley que permite que estos recursos sirvan como fuente de financiamiento mediante el mecanismo de dación en pago para la ejecución de megaproyectos que son vitales para nuestro desarrollo económico.
Fondo Fiduciario de Desarrollo. El proyecto de ley del FFD permitirá que se destinen B/.200 millones a inversión directa en proyectos de significativo impacto para el país.
El remanente podrá ser invertido en las mismas categorías que señala la Ley actual, ampliándose el límite hasta permitir llevar la inversión en bonos globales panameños a B/.1,000 millones. El análisis de las alternativas presentadas nos permite asegurar que dentro del consenso, esta es la mejor inversión que tiene el FFD.
En torno a las medidas sugeridas por el diálogo nacional, vemos que se enfocan directamente a la utilización del FFD lo que pudiese representar pan para hoy y hambre para mañana.
Quizás el FFD sea visto por algunos como recursos ociosos tan necesarios para suplir la falta de fondos que puedan financiar obras sociales, lo cuál refleja claramente donde radica el problema.
Existe así, una ambigüedad respecto a la reactivación económica, la cuál se manifiesta en las medidas que se han planteado, donde la idea subyacente redunda acerca de cuál es la mejor vía para utilizar el FFD que se convierte sujeto y objeto de la reactivación, en detrimento de mejores opciones y recursos con medidas que generen actividades de alto valor agregado y diversifique la economía hacia nuevos sectores bajo el prisma de que es más viable expandir la economía hacia nuevos sectores y actividades que constituyan a ulterior, pivotes del crecimiento, sobre todo cuando los patrones de crecimiento actual están agotados y mantienen desacelerada nuestra economía.
Estoy completamente seguro que el objetivo primordial de las autoridades económicas del gobierno nacional, esta encaminado efectivamente a reactivar la economía en conjunto con una reforma a la ley del fondo fiduciario que permita su utilización en obras sociales, lo cuál es muy loable, sin embargo, esta estrategia puede representar un alto costo en el futuro, al asignar recursos que no generan valor agregado ni retornos sociales y económicos.
*Economista
