En octubre del año 2003 la AMP contrató sólo los servicios de la empresa Phoenix Management Services Group-USA para atender los requerimientos de las 6,500 embarcaciones que utilizan el pabellón panameño, esto originó la protesta de la Asociación Panameña de Derecho Marítimo, y de los abogados involucrados en este tipo de negocios, quienes precisaron que esa compañía no contaba con el reconocimiento internacional que tienen empresas como Lloyds Register of Shipping (LR), American Bureau of Shipping (ABS), Det Norske Veritas (DNV), Nipón Kaji Kayokai (NKK), entre otras.
Tras esta situación se emitieron varias notas para que la AMP reconsiderara las medidas adoptadas con el fin de beneficiar a los usuarios navieros; pero a pesar de ello el criterio de las autoridades correspondientes no registró variaciones.
"Hoy en día Panamá está pagando las consecuencias de estas decisiones", señaló el abogado Eduardo Morgan Jr, de la firma Morgan & Morgan.
El experto en el sector marítimo sostiene que el país ha quedado muy mal ante los clientes internacionales al no haber absuelto sus necesidades para cumplir con las directrices establecidas en materia de seguridad por la Organización Marítima Internacional (OMI).
Morgan Jr. aseveró que si los barcos no logran su certificación antes del 1 de julio del presente año no podrán comerciar y la mayoría de estas compañías realizan negocios con EU.
"Panamá cuenta con el 20% de la marina mercante mundial y hemos empezado a perderla, por no haber realizado el trabajo para el cual la AMP se comprometió", indicó.
De acuerdo con el experto en el mercado marítimo con esta situación Panamá dejará de percibir más de $60 millones anuales en concepto de ingresos directos para el Tesoro Público, y lo más importante es que el país pierde su imagen dentro del mercado marítimo, por no haber estado a la altura de este tipo de responsabilidades.
Cabe recordar que la economía de servicios representa el 80% del total de las actividades económicas del país, de ese total, un altísimo porcentaje lo constituyen los servicios que se prestan en el exterior, recalcó Morgan Jr. Por su parte el presidente de la Asociación Panameña de Derecho Marítimo Juan Felipe Pittí, aseveró que "luego del 1 de julio, Panamá debe abocarse a una gran consulta internacional con los usuarios de los servicios marítimos para enmendar los errores cometidos al no haber tomado en cuenta sus aportes".
"Panamá ha hecho todo lo posible para disgustar a los usuarios, no ha existido calidad de servicio, y se carece de actitud de atención al cliente".
Por el momento es muy difícil determinar si Panamá perderá algunos clientes; no hay que olvidar que su proceso de registro resulta caro, además de lento y burocrático, y esto podría evitar en cierta forma que las empresas abanderadas con Panamá busquen un nuevo país.
"Se vayan muchos o se vayan pocos lo que es cierto es que los usuarios se han mostrado inconformes con el trato de las autoridades; y si se quiere mantener este negocio que tantos beneficios ofrece al país hay que aprender a respetar al cliente", recalcó Pittí.
Para mantenerse a flote es indispensable que se piense en modernizar el negocio de abanderamiento de naves, hay que realizar inversiones en materia tecnológica, y capacitación.
"Hay que ver el comportamiento de los otros países que se dedican al negocio de abanderamiento de naves después del primero de julio, y de acuerdo con los resultados realizar las evaluaciones pertinentes".
Pittí, indicó que "también se falló al no respetar la estrategia marítima nacional adoptada en febrero. Esta situación lo que deja entrever es que no hay coordinación a sabiendas que hay demasiado en juego para actuar ligeramente en el tema de la marina mercante".
Un boletín del prestigioso Lloyds List, llamada por algunos como la "biblia del negocio marítimo", informó que Liberia, la principal competidora de Panamá, estaba recibiendo numerosas nuevas solicitudes de abanderamiento restadas a Panamá, en su mayoría por descontento con el servicio de nuestro tricolor. Según el boletín Liberia a dos semanas de vencer el plazo, había otorgado el 99% de las certificaciones bajo su bandera. Se descubrió que Panamá contaba con una legislación que no requería que el propietario de la nave fuera nacional, como condición para el abanderamiento. Panamá fue el registro abierto por excelencia hasta 1948.
Liberia fue la respuesta a una serie de abusos, convirtiéndoce en el registro preferido de las norteamericanas, japonesas, griegas, entre otras.
Panamá continuó con el registro de naves, pequeñas y dedicadas a la navegación de cabotaje.
En la década del 70 Panamá inició la reforma de su sistema y tomó medidas para hacer su registro más atractivo para los bancos, mediante mejoras al registro de Hipotecas Navales.
Estas medidas unidas a los problemas de imagen de Liberia, provocaron el éxodo de navieros japoneses al registro panameño en la década de los 80.
En los 90 Panamá logró recuperar el liderazgo no sólo en número de barcos sino en tonelaje y en la calidad.
De acuerdo con la AMP se estableció el 1º de mayo del año en curso, como plazo para recibir las solicitudes de la certificación del código para esa fecha se recibieron cerca de 2,275 solicitudes que fueron atendidas y resueltas de manera consecuente.
Señala la AMP que posteriormente al 1º de mayo se recibieron más solicitudes y se estima que se han emitido unas 3,059 certificaciones de las 4,677 solicitudes, recibidas al 23 de junio del año, esto quiere decir que se ha cumplido con el 65% de los clientes.
Por otra parte la AMP, señaló que un bajo porcentaje de la flota registrada con bandera panameña, no solicitó la certificación del ISPS, ya que son naves que se dedican al cabotaje dentro de sus costas, entre ellos destacan buques de registro panameño en países como Japón, Corea, Argentina y de Brasil. La Asociación Japonesa de Propietarios de Embarcaciones/Barcos, el pasado 16 de junio del presente año le envió a la directora de la AMP una carta, en la cual le exigía acciones urgentes contra los anticipados problemas causados por severas demoras en la emisión del ISSC, por parte del gobierno panameño.
En la carta de la asociación se indicaba que "si esta situación (la demora), persiste y se lleva a la práctica, muchos barcos de bandera panameña bajo el control de compañías miembros de la Asociación Japonesa de Propietarios de Embarcaciones ciertamente no cumplirán las inspecciones de PSC.
En la nota la asociación le hizo saber a la administradora de la AMP, Bertilda García, que "algunas de nuestras compañías miembros han iniciado planes de contingencia mediante los cuales demandar la reparación de cualquier daño.
