Era un día de participación de la sociedad civil, allí en la sede de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) los agremiados e invitados cuestionaron al Gobierno, sobre la realización de un proyecto que implica $1,100 millones: la compra de los corredores Norte y Sur.
De un lado, los civiles cuestionaban, del otro, el viceministro de Finanzas, Dulcidio De la Guardia (D.G), respondía.
¿Por qué no se puede renunciar a los contratos si están errados y con cláusulas abusivas para el país?
D.G Los contratos se refieren a arbitraje en el caso del concesionario y el Estado, pero la historia nos indica que son pocos los que el Estado ha ganado. Es un tema legal en que juntas a cinco abogados y cada uno te va a decir sí vas a ganar, y otros te dirán que de ninguna forma.
Teníamos tres opciones: la primera es no hacer nada, dejar todo como está con el agravante de que PYCSA, en 14 años, no ha terminado el corredor Norte, y de que ICA sí terminó el corredor Sur, pero la empresa no tiene mucho interés en hacerlo porque ya tiene un flujo de caja importante.
La segunda alternativa era decirles: se acabó la concesión, yo te pago y váyanse para su casa. Y la tercera alternativa es la negociación y eso fue lo que el Gobierno decidió.
Se hizo así porque son corredores muy necesarios para el desarrollo de la ciudad de Panamá, para mover a los miles de panameños que van hacia estas áreas y para alcanzar el potencial logístico de la provincia de Panamá.
¿Qué brecha existiría en que hoy el Estado haga las autopistas como nuevas?
D.G Construir nuevos corredores cuesta menos que comprarlos, el hacer la obra de infraestructura física de concreto, pero lo que estamos comprando es un flujo de caja, una concesión y el derecho a transitar por estas vías, de una empresa en marcha.
Cuando compras una empresa en marcha vale más que una empresa nueva porque obviamente tienes un mercado con un flujo de caja establecido. Pero como están los contratos no se puede hacer esto o nada parecido.
Si los contratos son tan lesivos. ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos metido presos a los que firmaron estos contratos por Panamá?
D.G Quiero referirme a los contratos, basados en la realidad de que estos existen y que nos gusten o no tenemos que respetar la seguridad de las contrataciones.
Vuelvo a plantear el debate en base a las tres alternativas que mencioné e incluso podría haber una cuarta que es demandarlos, expropiarlos y demás, ahí se nos va el grado de inversión y vamos a ver qué es lo que pasa con las inversiones que estamos tratando de atraer a Panamá. El costo para el país sería mucho más alto, por eso, ni siquiera lo hemos planteado.
.¿No hay prioridades más importantes que comprar los corredores en que el Estado podría invertir como hospitales, escuelas y otros?
D.GLa estructura que estamos planteando de $1,100 millones se basa en que el Estado aporta $100 millones de sus ingresos corrientes y el resto lo financia a través de deuda que se paga con los propios peajes que cancelan los usuarios.
La pregunta que debemos responder es si utilizar $100 millones del Estado para la compra de los corredores es o no una buena inversión porque el resto va a ser pagado por los peajes, por año, estas vías deben generar unos $100 millones en peajes. Ese ingreso es suficiente para hacerle frente al servicio de la deuda.
