Procedimiento
- 27 son los responsables que mantuvieron el debate de la PAC.
- 15% podría aumentar la proporción de pagos directos de la PAC.
- 2 tandas de reuniones se han celebrado entre las partes.
Los ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE) repasaron ayer los progresos en las negociaciones con el Ejecutivo comunitario y con la Eurocámara para la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) a partir de 2014.
Los responsables de los Veintisiete mantuvieron un debate público sobre el estado de las discusiones de la PAC, que la actual presidencia irlandesa de turno de la UE pretende cerrar antes de julio con vistas a poder aplicarla desde el próximo año, cuando comienza el nuevo marco financiero plurianual.
Se trata de un objetivo “difícil y ambicioso”, pero “posible”, según señalan fuentes diplomáticas, que recuerdan que hasta el momento se han celebrado dos tandas de reuniones entre las partes que negocian la reforma.
Para España, la negociación avanza de forma “razonablemente buena”, ya que las posiciones adoptadas por el Consejo de la UE y por el Parlamento recogen muchas de las peticiones españolas, según las mismas fuentes.
Entre otros puntos, el Gobierno español defiende incrementar hasta el 15% la proporción de pagos directos de la nueva PAC que podrán dedicarse a ayudas “acopladas” o vinculadas a la producción, así como mejorar el régimen de precios de entrada para las frutas y hortalizas, objetivos que también apoyan otros de los mayores Estados miembros como Francia e Italia.
España también apoya la extensión de los derechos de plantación de viñedo hasta 2030, así como del régimen de cuotas del azúcar hasta 2020, algo que ya recoge la posición de la Eurocámara.
Asimismo, las posturas del PE y el Consejo sobre la reducción de las superficies elegibles están “muy próximas” a lo que defiende España, señalan las fuentes citadas anteriormente, que aseguran que para cerrar este punto, “restan por limarse diferencias técnicas”.
Asimismo, los ministros discutirán sobre las negociaciones de los Veintisiete, el Ejecutivo comunitario y la Eurocámara para la reforma de la Política Pesquera Común, en las que los principales puntos de división con el Parlamento son la obligación de desembarcar toda la captura, la regionalización, la gestión de la capacidad máxima de pesca y la definición del concepto de “rendimiento máximo sostenible”.
