PIB
- Lo lógico es que se garantice que el canon que paguen las compañías mineras beneficie primero a las comunidades afectadas por su actividad.
- "Es absurdo que en Panamá el 4% del producto interior bruto lo genere el sector primario", cuestionó Destro, para quien Panamá tiene que definir el mecanismo de explotación.
La explotación de la minería en Panamá vuelve al tapete con el inicio de las discusiones de una mesa multisectorial que en 60 días presentará al país las líneas generales para el futuro, que puede ir desde una "moratoria" hasta una nueva regulación "inteligente".
Luego de las violentas protestas de 2011 encabezadas por los indígenas ngäbés y buglés, que lograron la derogación de la Ley 8 sobre minería y la prohibición de su explotación en las comarcas indígenas y territorios anexos, quedó un "vacío" que la iniciativa privada se propone ayudar a llenar, explicó a Acan-Efe el director ejecutivo del Centro Nacional de Producción Más Limpia (CNP+L), Mauro Destro.
La Ley 8 establecía un aumento en la regalía, cánones, tasas y multas para que las comunidades y comarcas aledañas a las concesiones mineras recibieran mucho más de lo que permitía el código anterior, que databa de 1963. En ese sentido, la regalía por extracción de cobre, oro y plata subía del 2% al 5%, se sancionaría la minería ilegal hasta con 250,000 dólares, y las fianzas en las concesiones de exploración aumentaban de 10 centavos de dólar por hectárea a 50 dólares; pero todo ello quedó anulado.
El CNP+L, no gubernamental, ha logrado sentar a diez sectores involucrados, desde el Gobierno hasta las empresas, los ambientalistas, obreros, la iglesia y los indígenas, para elaborar unos "lineamientos mínimos" que se transformen en una ley nacional en el Parlamento, dijo Destro.
