Este año, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) ha paralizado unas 131 obras de construcción a nivel nacional, por razones de incumplimiento a la Ley de Seguridad Ocupacional.
Esto, contra las 369 intervenciones registradas a junio del año pasado, lo que representa una disminución atribuida a la puesta en práctica de las normas de seguridad tales como la utilización de cascos, arnés, sogas de vida, entre otros.
Adicional a esto, la Dirección General de Trabajo de esta misma entidad ha aplicado sanciones valoradas en unos $65 mil en lo que va del año, siendo la presencia de extranjero sin permiso de trabajo la anomalía que se mantiene a la cabeza.
A juicio de las autoridades, los casos de sanciones e intervenciones registradas han disminuido considerablemente los últimos años.
Esto se da a raíz de la implementación de la ley que además crea la figura del oficial de seguridad como ente fiscalizador del Estado en cada construcción, mediante el Decreto Ejecutivo N°15 del 3 de julio de 2007.
Para cubrir el salario y gastos que conlleva la contratación de un oficial de seguridad, el director nacional de Inspección de Trabajo del Mitradel, Abdiel Sagel, explicó que existe un fondo cuyo benefactor principal es la empresa privadas, la cual se queja por falta de mano de obra calificada para este puesto, a pesar de que pagan por el servicio.
La cuota que tiene que desembolsar el promotor o contratista de una obra va desde $10 mil hasta $100 mil, dependiendo de la inversión o tamaño del proyecto, dijo el funcionario.
Son pocos los oficiales de seguridad que tienen contratado el Mitradel, manifestó Gastón Regis, presidente de la Cámara Panameña de la Construcción; no obstante, la industria está poniendo de su parte para cumplir con los estándares de seguridad, afirmó.
Cualquier obra que se desarrolle tiene que aprobar la supervisión de la Caja de Seguro Social, el Municipio, los bomberos, el Sindicato de Trabajadores de la Construcción y el Mitradel, por lo que tenemos que estar al día en las reglas de seguridad para que no nos paralicen nuestras funciones, agregó Regis.
En ese sentido, como todo proceso de cambio estructural, va a requerir que se redoblen los esfuerzos de la autoridad reguladora y el sector privado en cuanto a la aplicación de las normas, enfatizó Antonio Fletcher, presidente del Consejo de la Empresa Privada.
