Un estudio sobre la economía sumergida en Rusia afirma que se trata de un "estado dentro del estado" que alcanza a un 40 por ciento de la economía legal y que afecta a gran parte de los rusos, que denuncian la corrupción pero quisieran compartir sus ingresos.
Los procesos y relaciones vinculados con la "economía gris" surgen en el Parlamento y en la calle, en fábricas y tribunales, hospitales y universidades, iglesias y cementerios, según el estudio, publicado esta semana en Moscú.
"Se puede constatar con toda seguridad que el futuro de Rusia en gran medida depende de la situación en esta esfera y su evolución", afirman los autores, Igor Kliámkin y Lev Timoféyev.
Según el libro, titulado "Rusia sumergida", la peculiaridad del espacio económico clandestino en ese país consiste en que no funciona al margen de la economía legal, sino dentro de la misma.
Precisamente el estatus legal otorga a los protagonistas de la economía sumergida la posibilidad de gozar de determinados bienes al convertir su cargo en objeto de compra-venta.
"En Rusia las relaciones ilegales económicas se basan en la posibilidad de "privatizar" cualquier bien común o ley y utilizarlo como instrumento de negocio", sostienen los autores.
Los investigadores llegan a la conclusión de que "el sistema ruso de relaciones sumergidas representa nada más y nada menos que un estado privatizado".
El libro se basa en testimonios de ciudadanos sobre sus contactos con el sector sumergido y en encuestas realizadas en 83 ciudades del país con ayuda del Centro de Estudio de la Opinión Pública, la mayor institución sociológica de Rusia.
Según un sondeo, uno de cada cuatro rusos siempre o casi siempre entrega dinero o regalos a los médicos o funcionarios que le atienden y a los que formalmente no debe pagar nada.
Uno de cada tres rusos tuvo que pagar dinero adicional a los funcionarios de los cementerios, mientras que el 37 por ciento de los encuestados confesaron haber pagado más de la factura al hacer obras o reparar sus autos y electrodomésticos.
Los datos demuestran que son los empresarios privados los que más sufren de corrupción, sobornos y extorsión por parte de funcionarios estatales.
Curiosamente, son estos hombres de negocios los que ven con mayor pesimismo las perspectivas de la lucha anticorrupción, mientras que otras capas de la población la consideran extremadamente importante, a pesar de que el 32 por ciento de los consultados aseguraron que votarían por candidatos implicados en corrupción si estos les proporcionasen una mejoría en su calidad de vida.
Los sondeos demuestran que los ánimos de la gente que denuncia la corrupción cambian cuando surge la posibilidad de mejorar su bienestar personal, y muchos expresan su disposición a entrar en el negocio sumergido.
Las recetas de saneamiento que sugiere el libro como "primer paso" para mejorar el clima económico son la disminución de los impuestos a las empresas y la legalización de estructuras sumergidas, incluida una amnistía fiscal.
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