Pagar para gastar, tres palabras que podrían resumir el dilema que existe entre la estrategia financiera y la agenda social del gobierno de la presidenta Mireya Moscoso, que a seis meses de gestión, enfrenta su primer reto importante: el uso del Fondo Fiduciario y el capital de la venta de las acciones de la empresa telefónica Cable & Wireless, para amortizar una agobiante deuda externa de siete mil millones de dólares.
Un completo análisis sobre Panamá, publicado recientemente por la revista inglesa "The Economist", advierte que no hay concordancia entre la estrategia financiera gubernamental, que propone una estricta disciplina fiscal y los ambiciosos planes de inversión social que promete la presidenta Moscoso, quien ha reiterado insistentemente que "su plan económico no puede estar separado de su agenda social".
Mientras que Moscoso expresa que la mayor parte del presupuesto será destinado a inversión social, el ministro de Economía y Finanzas, Víctor Juliao, propone utilizar los mil 300 millones del Fondo Fiduciario y vender el 49% de las acciones de la empresa telefónica, para comprar Bonos Brady "a descuento".
Sin embargo, agrega The Economist", la última propuesta ha tenido mayor aceptación en los círculos empresariales. Agrupaciones como la Cámara de Comercio e Industrias, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) han condicionado su apoyo a que el gobierno establezca límites mínimos de endeudamiento.
"The Economist" señala que "el gobierno se ha hecho a sí mismo un gran daño con anuncios contradictorios de pago de préstamos y planes de inversión social, dando la impresión de tener una política económica improvisada, que ha afectado negativamente la confianza de los inversionistas y ha contribuido a que Standard & Poors haya bajado la calificación de Panamá de estable a negativo".
El hecho que el déficit fiscal (diferencia entre los ingresos y gastos corrientes del estado) esté por el orden del 3%, mientras que la economía tuvo un tímido crecimiento de sólo 3.2% en 1999, presentan, en opinión de la publicación inglesa, un panorama "confuso", que se oscurece más al considerar la frágil mayoría parlamentaria gubernamental para la aprobación de la estrategia financiera.
Hasta que el gobierno presente una estrategia más coherente y unificada, la gobernabilidad y las políticas económicas de estado serán incongruentes, causando desconfianza de los inversionistas extranjeros y consecuencias negativas para el riesgo de crédito de Panamá, asegura la revista.
Las marcadas diferencias entre los directivos de las instituciones públicas, que muchas veces se contradicen en sus declaraciones, podrían indicar que muchas decisiones gubernamentales podrían estar influenciadas por motivos políticos, señala la publicación inglesa.
