El Defensor del Pueblo de Ecuador, Fernando Gutiérrez, consideró que el caso Chevron-Texaco, en el que la petrolera afronta una demanda de $27,000 millones por supuesto daño ambiental en la Amazonía ecuatoriana, ya se tendría que sentenciar porque existen "suficientes elementos".
"Nuestra vigilancia y nuestra exigencia es que el proceso termine, pensamos que hay suficientes elementos como para que el juzgador entre a juzgar y ya no se dilate más" el proceso, dijo en declaraciones a radio Sonorama.
Estimó que, en el proceso, que en noviembre cumplirá 16 años, no solo se juzga una agresión al medio ambiente, sino también "una agresión contra el país entero" porque "ahí hay una pérdida de recursos naturales y económicos enorme".
La petrolera difundió la semana pasada unos vídeos grabados con cámaras ocultas en los que, de acuerdo con los abogados de la empresa, se deduce que el juez, Juan Núñez, estaría implicado en una trama de soborno y habría adelantado datos de la sentencia cuando aún está en curso el juicio.
Núñez, desde el primer día, ha negado las inculpaciones presentadas por Chevron pero, al mismo tiempo, se excusó de seguir con el proceso, a pedido del fiscal general, Washington Pesántez.
Según el Defensor, en el ordenamiento jurídico norteamericano constituye "un hecho muy grave el que un juez anticipe criterios o señale circunstancias propias del proceso" lo que conllevaría la nulidad de la causa, pero en Ecuador solo resultaría en "una sanción al juez".
Gutiérrez coincidió con la versión de los demandantes, el Frente de Defensa de la Amazonía, que agrupa a unos 30.000 pobladores presuntamente afectados por las actividades de la petrolera, de que las denuncias de los vídeos servirían para dilatar el proceso.
La petrolera "ha interpuesto una cantidad increíble de recursos y creo que la Corte ha sido demasiado permisiva en esto", a juicio de Gutiérrez.
Los demandantes consideran que Chevrón participó en la grabación de los vídeos e indujo al juez a "una trampa" para evadir "su responsabilidad en el crimen cometido", supuestamente entre 1972 y 1995, cuando Texaco, que fue comprada en 2000 por Chevron, operó en Ecuador.
