Panamá
Con el documento aprobado el historial de crédito incorporado en una base de datos prescribirá a los 5 años, contados a partir de la fecha en que debió realizarse el primer pago.
En la ley también se establece que las solicitudes y trámites relacionados con el historial de crédito podrán ser realizados y autorizados de manera gratuita por los consumidores. Foto/Archivo
El presidente de la República, Laurentino Cortizo sancionó la Ley 195, que modifica la Ley 24 de 2002 que regula el servicio de información sobre el historial de crédito de los consumidores o cliente a través del sistema de registro de la Asociación Panameña de Créditos (APC), y con el cual se reduciría el historial crediticio de 7 a 5 años.
Con el documento aprobado el historial de crédito incorporado en una base de datos prescribirá a los 5 años, contados a partir de la fecha en que debió realizarse el primer pago.
El consumidor o cliente podrá solicitar a la agencia de información de datos que se mantenga reportado en su historial de crédito o referencia que hayan prescrito, relacionadas con operaciones canceladas, de acuerdo con lo establecido en este artículo.
Para estos efectos, el consumidor o cliente deberá solicitarlo por escrito a la agencia de información de datos a fin que esta, a partir de este momento, mantenga sus registros las respectiva información.
Además los consumidores tendrán nuevos derechos como referencias crediticias para arreglo de pagos y reestructuración de pago, de manera tal que no sea considerado mala referencia, cuando se abone o cancele una cuenta, se debe actualizar en máximo tres días el historial.
Además que cuando el consumidor o el cliente suscribe un arreglo de pago, el agente económico deberá, luego de los seis meses de haber cumplido el arreglo de pago actualizar el historial de crédito.
También se establece que las solicitudes y trámites relacionados con el historial de crédito podrán ser realizados y autorizados de manera gratuita por los consumidores.
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En cuanto a las sanciones, el proyecto de ley aprobado en segundo debate establece que será la Acodeco la entidad encargada de fiscalizar el cumplimento de la ley y las infracciones van desde una amonestación escrita o multas desde los $1,000.00 a $5,000.00 la primera vez y si las infracciones son muy graves, las mismas serán de $5,000.00 a $10,000.00.
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