El proceso de Capítulo 11 es equivocadamente llamado de bancarrota. Esto crea la mayor parte de los malos entendidos. Según la definición correcta, es un proceso de "reorganización", en el que a la empresa se le permite reorganizar sus finanzas, siempre y cuando se acoja a las leyes que comprenden este proceso. Estas leyes indican que se nombrará un juez y éste es el que debe tomar las decisiones y aprobar el plan de reorganización. También se forma un comité de crédito, el cual está representado por todos los acreedores.
Mientras una empresa se encuentra dentro de la protección del Capítulo 11, sigue en posesión de sus activos. Esto es de suma importancia, ya que al entrar en Capítulo 11 se asume que la empresa sigue operando de manera similar a como lo haría antes de este proceso. Muchos pensamos equivocadamente que empresas en Capítulo 11 dejan de operar inmediatamente. El proceso puede ser corto, lo cual involucra la presentación de un plan de negocios ante el juez y el comité de crédito. Este aprueba el plan y la empresa avanza sin mayores problemas. En otras instancias las empresas que se acogen a esta ley están en tal nivel de problemas financieros, que les puede tomar años realizar un plan de negocios viable que sea aprobado y lograr el financiamiento requerido. Vale notar que aunque una empresa puede resurgir de una situación de Capítulo 11, el valor de sus acciones y o instrumentos de duda pueden cambiar radicalmente respecto a su valor previo a esta situación.
¿Qué pasa si una empresa no logra reorganizarse? Es aquí cuando los directivos deben tomar una difícil decisión de liquidar sus activos. Esto es un proceso conocido por las leyes americanas como Capítulo 7. Esto es la bancarrota.
En Panamá todavía no hay leyes que ayuden a empresarios a acogerse a protección de acreedores en caso de problemas financieros. Sin embargo, se estima que existirá en un futuro cercano.
Cuando una empresa entra en el proceso conocido como Capítulo 7, o bancarrota, los activos son liquidados o la empresa puede ser vendida como entidad completa a algún interesado.
Claro está que el valor de la empresa en una situación de iliquidez crítica puede ser casi nula.
(*) El autor es gerente y empresario
