Convertir a la industria minera colombiana en "una de las más importantes del continente" ampliando significativamente su participación en la economía nacional, es la visión del gobierno del país vecino hacia el año 2019.
En la misma línea el gobierno de Costa Rica levantó en abril pasado, la moratoria a la industria minera que estaba vigente en ese país desde el 2002 y estableció que bajo ciertas normas ambientales muy estrictas, podrá ejecutarse.
Estas posiciones no son casuales, se producen en momentos en que los precios de los minerales a nivel internacional se han disparado, más o menos desde hace dos años a cifras nunca vistas que se mantendrán por buen tiempo gracias a la enorme demanda especialmente de países como China e India.
Por ejemplo el precio del oro ha subido de $420 la onza en 2005 a $992 la onza en 2008, es decir, más del 100 %.
Igualmente, según informaciones de revistas especializadas, el presupuesto mundial para exploración minera es de 11 billones de dólares, destinándose el 24% de ese monto a Latinoamérica.
Obviamente estas gratas noticias para el mundo minero han impulsado tanto el programa gubernamental "Colombia minera" como el viraje de 180 grados en la política minera del gobierno de Oscar Arias.
Ambos gobiernos vecinos están empeñados en captar un mayor porcentaje de ese presupuesto mundial hacia sus países para desarrollar proyectos mineros de envergadura. Porque han entendido que como cualquier otro proyecto de desarrollo, los mineros también contribuyen al crecimiento económico de las regiones donde se realicen sus proyectos.
El gobierno colombiano ha delineado una política estatal para el sector minero, que hace énfasis en el papel del estado en tres niveles: como facilitador, como promotor y como fiscalizador de la actividad minera.
Como facilitador el estado deberá establecer normas claras y procedimientos precisos, contratación efectiva, conocimiento del potencial geológico minero, información de calidad y de libre acceso, seguridad física y claridad en la participación ciudadana.
Como promotor deberá hacer conocer el potencial del país en el plano internacional, incrementar la productividad y competitividad de la actividad minera y garantizar que la variable minera se incluya en el ordenamiento territorial.
Y como fiscalizador deberá supervisar que se los proyectos mineros se realicen de una manera técnica, económica, social y ambientalmente sostenible, de forma de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas con el estado.
¿Y qué sucede en Panamá? Panamá es en términos muy específicos "un país rico en ocurrencias minerales por su emplazamiento geológico".
Lo que quiere decir que tiene ricos yacimientos potenciales de minerales debido al origen geológico del istmo.
O lo que es lo mismo que la naturaleza ha sido pródiga con Panamá al otorgarle muchas zonas ricas en recursos mineros.
Al mismo tiempo tenemos en Panamá un buen sistema de demarcación de áreas protegidas y zonas comarcales.
Lo que delimita la acción de la industria minera muy claramente.
Sin embargo, también existe una moratoria minera de hecho en todo el país a consecuencia del retraso en la tramitación de solicitudes de concesión o por falta de cancelación de antiguas solicitudes que están inactivas y que conjuntamente vedan estas áreas a quienes realmente quieren invertir en ellas.
Entre 1990 y 2004 fueron admitidas un total de 310 solicitudes mineras que no han sido otorgadas ni canceladas a la fecha, siendo su período de vigencia de 3 años.
Los más de 2 millones de hectáreas que esto representa, habrían sido evaluadas y podríamos conocer su potencial en este momento, además de que el estado ha dejado de percibir la no despreciable suma de $ 10 millones entre 2004 y la fecha de hoy, a causa de mantener esta moratoria de hecho.
Paradójicamente, existe un manifiesto interés por parte de varias comunidades para que se desarrolle la industria minera en el país.
Representantes Ngobe Bugle, Emberá y Teribe han demandado la implementación de proyectos
mineros e hidroeléctricos en sus comarcas y están buscando el apoyo de países con trayectoria minera para capacitar a pobladores de sus comunidades para eventualmente acceder a puestos de trabajo con mayor calificación y remuneración.
Debemos exigir la implementación de una política minera de estado y actualizar nuestro Código de Recursos Minerales y así convertirnos en una potencia minera en Centro y Suramérica.
De interés.
Un 24% del presupuesto mundial de exploración minera de 11 billones de dólares es destinado a Latinoamérica.
En términos específicos "somos un país rico en ocurrencias minerales por su emplazamiento geológico".
Entre 1990 y 2004 fueron admitidas un total de 310 solicitudes mineras que no han sido otorgadas ni canceladas a la fecha.
El Estado ha dejado de percibir B/. 10 millones entre el 2004 y la fecha a consecuencia de la moratoria .
Representantes Ngobe Bugle, Emberá y Teribe han demandado la implementación de proyectos mineros e hidroeléctricos en sus comarcas y están buscando el apoyo de países con trayectoria.
