Me informan que la Juez Undécima de lo Penal ha dictado auto de llamamiento a juicio en mi contra por haber osado denunciar públicamente, a través de varios artículos de opinión, algunos actos de enriquecimiento ilícito en que incurrió el Juez Marítimo, Calixto Malcom.
En dichos artículos también acusaba yo a la Corte Suprema de aquel entonces de proteger al nefasto funcionario dentro de una denuncia interpuesta por el gremio de abogados marítimos en razón de esos mismos actos de corrupción.
En efecto, los magistrados de la Corte que protegían a Malcom no tuvieron ningún empacho en declarar, primero, que el Ministerio Público no tenía facultades para investigar al Juez Malcom sino que tal función correspondía a la Contraloría General, y, después, cuando la denuncia se interpuso ante esta institución, la Corte también le puso fin aduciendo que no se había presentado la famosa prueba sumaria del acto de corrupción.
Calixto Malcom siguió "impartiendo justicia" como Juez Marítimo y es el mismo que, en uno de los casos más escandalosos que se han dado recientemente en nuestro medio, ordenó secuestrar más de trescientos millones de dólares de petróleo perteneciente a una empresa que nada tenía que ver con el asunto que tramitaba, violando todas las disposiciones legales pertinentes.
Y aunque la Corte, que ya no es la misma que lo protegía, reprendió a Malcom y ordenó el levantamiento del secuestro, el daño a la seguridad jurídica del país ya estaba hecho.
Volviendo al auto de llamamiento a juicio, el mismo se dictó a pesar de que el fiscal que investigó la causa había solicitado el sobreseimiento definitivo por considerar que no se había cometido ningún delito. Pero, lo que es peor, dicho auto también se dictó haciendo caso omiso de que el acto que se me imputa dejó de ser delito conforme a las reformas introducidas al Código Penal el año pasado, cuya vigencia se inicia el próximo mes de Mayo.
Es decir, pues, que para la Juez encargada de administrar justicia era mucho más importante apresurar el proceso instaurado en contra mía por un delito que ya dejó de serlo que sancionar a los muchos criminales que andan sueltos por nuestras calles.
La moraleja es evidente: en este país quien se atreve a denunciar la corrupción en la administración de justicia se le considera un criminal más peligroso que los que trafican droga, roban o asesinan.
El juzgamiento de éstos puede esperar; el de quienes denuncian la corrupción tiene que marchar a toda vela porque los que integran el sistema deben protegerse unos a otros.
Lo más grave de todo, quizás, es que la protección del Juez Malcom pareciera no limitarse al ámbito de la administración de justicia.
En efecto, dentro de uno de los juicios civiles en que se ventilan los actos de enriquecimiento ilícito de Malcom quedó demostrado que éste se olvidó de declarar ante el Fisco los dineros no justificados. (el año señalado había recibido más de cien mil dólares en efectivo).
Las pruebas de la defraudación fiscal obran en la denuncia que hace casi dos años presentamos ante la Administración Regional de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas pero hasta el día de hoy nada se ha hecho para sancionar a Malcom y obligarlo a pagar los impuestos evadidos.
La conclusión obligada es que alguien dentro del partido gobernante parece estar protegiendo a uno de sus más fieles adherentes.
El mensaje de la Juez, que me ha llamado a juicio por el supuesto delito de calumnia e injuria contra el "honorable" Juez Malcom, está muy claro: que nadie se atreva a cuestionar los actos de quienes tienen a su cargo la administración de justicia porque éste es el peor de los delitos que se pueden cometer en nuestro país.
Pues se equivocan la Juez y todos aquéllos que la presionaron para que apresurara un llamamiento a juicio absurdo e írrito.
Quien escribe y todos los que integran la firma de abogados a la que pertenezco tienen el sacrosanto e ineludible deber de continuar denunciando la corrupción en todos los niveles en que ésta se dé. En los tribunales de justicia cursan varias de estas denuncias y seguiremos presentándolas cada vez que nos percatemos de que un funcionario encargado de administrar justicia ha incurrido en actos de corrupción o meramente indebidos.
Precisa aclarar que la llegada a la Corte Suprema de Justicia en los últimos dos años de individuos probos nos da esperanza de que las cosas van a cambiar.
Y tienen que cambiar porque de nada sirve que la economía de nuestro país crezca a un nueve por ciento anual si la corrupción se incrementa a un ritmo varias veces superior a ese nueve por ciento.
Ojalá que algún día nuestros gobernantes lleguen a convencerse de que mientras la corrupción campee entre nosotros, especialmente en la administración de justicia, nunca saldremos del subdesarrollo.
Cuando el abogado que atiende la denuncia de Malcom me llamó para informarme que, por encima de toda lógica, la Juez Undécima había decidido llamarme a juicio, le respondí que no se preocupara, que para mí era motivo de sobrado orgullo el que el sistema que protege a los jueces corruptos me considere uno de sus enemigos.
Este llamamiento a juicio representa, así, el más preciado de los galardones que he recibido en los muchos años que llevo sirviendo a mi país.
