Las conflictivas y cuestionadas reformas económicas iniciadas por el Gobierno de Ernesto Pérez Balladares no se detienen, a pesar de que puedan afectar a los principales sectores productivos del país.
Después del "primer paquete" de modificaciones que incluyó una drástica rebaja de aranceles de importación, los cuales en su mayoría pasaron del 60% al 15% ahora, apenas transcurridos 31 días de 1998, el presidente anuncia en el extranjero que próximamente aplicará "otro paquete de reformas".
Esta segunda ronda de cambios que pretende aplicar el Gobierno incluye modificaciones al Organo Judicial, el sistema de educación y la ley bancaria, cambios que serán mucho más difíciles de aplicar que las primeras, como lo afirmó el propio Pérez Balladares.
De acuerdo al primer mandatario se requiere un liderazgo del Organo Judicial para que haya equidad en la justicia, que debe guardar íntima relación con la honestidad.
En cuanto a la educación, manifestó que el recurso humano es el principal elemento para el desarrollo de Panamá, por lo tanto con una buena educación se puede disminuir "el abismo entre ricos y pobres".
Con estos cambios el Estado espera complementar las primeras reformas que se realizaron, para mantener un alto nivel de crecimiento económico.
Las reacciones a los anuncios realizados por Pérez Balladares por parte de los principales grupos económicos del país no se hicieron esperar, ya que cualquier cambio en las estructuras del Estado, puede afectar de una forma u otra la economía nacional.
Para Víctor Lewis, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), organismo que reúne a más de las 30 de las principales asociaciones comerciales del país la noticia fue una sorpresa, a pesar de que los cambios a la ley bancaria ya eran conocidos por todos.
Precisó que el CoNEP está totalmente de acuerdo con la reformas al Organo Judicial y en que la educación tiene que ser modernizada ya que esto es una de las cosas que el gremio ha impulsado desde sus inicios.
Según Lewis, las iniciativas planteadas son positivas, debido a que la educación y la justicia son pilares importantes en cualquier nación, mientras que la ley bancaria se debe adecuar para que responda a los intereses de los bancos que operan en el Centro Bancario.
No obstante, acotó que hacer cambios en la educación no es fácil y le puede ocasionar un costo político al Gobierno, porque lo más probable es que los educadores se recientan un poco con esta medida.
Por su parte el presidente encargado del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), Alberto Pons hijo, a pesar de que las próximas reformas no afectan directamente a la industria, son concientes de que temas como la educación tiene que cambiar "porque nuestros hijos no pueden seguir teniendo los niveles de estudio que ostentan hoy en día".
Sin embargo Pons sostuvo que esto no significa que se tienen que empezar a despedir maestros y profesores, sino reeducarlos, ya que el mismo sistema se encargó de no darles la adecuada preparación.
Según Pons, a pesar de que este nuevo plan debe ser un complemento de las primeras reformas desafortunadamente nadie tiene una "bolita mágica" para saber si van a funcionar, por lo que no dejan de ser una preocupación para los empresarios que tienen su dinero invertido en Panamá.
Ante este hecho indicó que será de mucha importancia que el Gobierno mantenga una comunicación coherente, continua y madura, con los gremios productivos de mayor importancia en el país, debido a que ésta es la única forma para que estos cambios afecten lo menos posible a la población.
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