Sectores como los casinos y juegos de azar, autos y construcción, así como abogados y contadores que hacen negocios en representación de sus clientes tienen ahora la obligación de reportar a la Unidad de Análisis Financiero (Uaf), transacciones arriba de los $10 mil dólares en efectivo y aquellas que sean sospechosas.
La ley 23 sancionada por el Ejecutivo el pasado 27 de abril tiene la finalidad de identificar una serie de actividades que pueden generar blanqueo en nuestro país, no solo en bancos de la localidad.
Esta diligencia representará un costo adicional en ciertos sectores, por ejemplo en los juegos de azar, se tendrá que contratar personal calificado para realizar estas tareas.
En ese sentido, el presidente de la Asociación de Administradores de Juegos de Azar de Panamá (Asaja), Antonio Alfaro, señaló la medida como positiva, pero tendrá una afectación en los bingos y lugares con máquina tipo C, que tendrá que contratar personal calificado para este fin.
Alfaro indicó que desde 1997 los casinos y el hipódromo cumple con la norma de tener un oficial de cumplimiento dentro de las salas de juego.
Por su parte, la viceministra de finanzas Eyda Varela de Chinchilla, informó “los sujetos no financieros básicamente las empresas de autos nuevos y usados, la bolsa de diamante, la zona libre, Panamá Pacífico, zona de Barú, empresas constructora de bienes y raíces, casinos y juegos de azar, abogados y contadores públicos, empresas de venta de metales preciosos, tendrán que hacer una diligencia de sus clientes, saber de dónde provienen los dineros, cómo llega a obtenerlo, entre otras medidas”.
Hoy, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), realizó talleres junto a expertos del Ministerio de Economía y Finanzas (Mef), en cuanto a la ley y los compromisos de los sectores que estarán involucrados.
