Los sobornos, las prácticas antiéticas y las "mordidas" no son exclusividad de funcionarios públicos. El sector privado reconoce que para obtener contratos paga en promedio el 12,4 por ciento en comisiones. Al año se gastan en este tipo de prácticas más de 120.000 millones de pesos, según estudio de Probidad.
El 95 por ciento de los empresarios que tienen negocios con el Estado acepta que se debe pagar una "mordida" sobre el valor total del contrato para garantizar que este les sea adjudicado.
El promedio del difundido CVY (Cómo Voy Yo en el negocio), que se pone en labios de funcionarios públicos, es del 12,4 por ciento, de acuerdo con un trabajo realizado por los propios empresarios sobre la
corrupción en Colombia.
El país está literalmente sacudido por los escándalos de corrupción en el Congreso, cuyo destape en las últimas semanas llevó a la renuncia del presidente y los dos vicepresidentes de la Cámara de Representantes. Por ello, además, ya hay contratistas y empleados del área administrativa tras las rejas, a lo cual se suma la suspensión de funcionarios en el Senado.
En el trabajo mencionado, que hace parte del proyecto Probidad impulsado por la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras) y la Fundación Corona y cofinanciado por el Center for International Private Enterpriese (Cipe), los empresarios consultados (proveedores, consultores y constructores) señalan al Congreso como la entidad menos honesta del sector público.
Lo anterior resulta mucho más diciente si se tiene en cuenta que el estudio fue realizado entre el 11 de febrero y el 14 de marzo de este año, justo antes de que estallara el escándalo, y que los 419 empresarios consultados han tenido, en promedio, en los últimos dos años más de 12 contratos adjudicados por licitación y 19 por contratación directa con entidades nacionales, departamentales y municipales. Por lo tanto, la suya es "una opinión calificada", señaló William Cartier, de la Fundación Corona.
Cuando se les consultó sobre la honestidad en las entidades del sector privado, el liderazgo se lo llevaron las cámaras de comercio, seguidas por las asociaciones y gremios profesionales. En el otro extremo calificaron a las cajas de compensación y a los grandes grupos económicos.
Los resultados del estudio de Probidad, que comenzó en noviembre del año pasado y no tiene precedentes en América Latina, se conocen en el momento en que el Presidente Andrés Pastrana propuso una gran cruzada contra la corrupción, que comprende la revocatoria del Congreso y la aplicación de sanciones e inhabilidades para los funcionarios públicos y contratistas que defrauden el patrimonio público.
Sin embargo, aunque los empresarios consultados consideran que la lucha contra la corrupción debe ser una prioridad de los gobiernos, no creen que este sentimiento sea genuino entre los gobernantes y, además, no confían en la clase política.
Para el presidente de Confecámaras, Eugenio Marulanda Gómez, no se puede descartar la posibilidad de una relación entre la crisis económica y la de ética empresarial. "Tres de cada cuatro empresarios dijeron
proveer entrenamiento en estándares de ética empresarial. La mayoría son pequeños y medianos, que son los más golpeados por la situación económica".
No deja de sorprender, por lo contradictorio, que la tercera parte de quienes manifestaron inducir prácticas éticas (no corrupción) en sus empresas reconocen que se hacen los de la vista gorda y las ignoran cuando se trata de sobrevivir.
Más aún, de todos los entrevistados casi una quinta parte (18 por ciento) manifestó que no haría nada si llegara a saber de un ofrecimiento o de un soborno en un proceso de contratación pública.
La cultura de la "mordida" está tan extendida que un empresario a quien se señalaba como ejemplar por haber puesto en la picota pública a un funcionario que lo estaba sobornando para adjudicarle un contrato, dijo que lo había denunciado ¡porque se le fue la mano en la comisión que exigía: 20 por ciento, pues con 10 por ciento hubiera sido suficiente!
De acuerdo con Probidad, 37,8 por ciento de los empresarios afirmó tener conocimiento previo de la modalidad y monto del soborno, un siete por ciento dijo que la iniciativa de la mordida era suya y un 44 por ciento que era el empleado público quien solicitaba el pago.
¿En cuál de ellas puede situarse el caso de Civilia -una de las principales constructoras de obras públicas del país - que el 29 de marzo perdió el contrato del puente de la calle 116 en Bogotá por presentar un paz y salvo falso para lograr la adjudicación? ¿O el del consorcio Ingeniería Sólida, al que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) le quitó la obra del puente peatonal en Kennedy (Bogotá), porque una de las empresas que lo conforman presentó un paz y salvo tributario falso?
Según el Contralor General de la República, Carlos Ossa Escobar, los contratistas que desfalcan al Estado son admirados y existe la idea de que robar dineros públicos no es delito.
Cartier estima que el costo directo del soborno (CVY) es de 120.000 millones de pesos, teniendo en cuenta que el presupuesto de inversión del Gobierno Central para este año es de 5,1 billones de pesos. Los corruptos, entonces, desvían estos recursos hacia sus bolsillos en detrimento del patrimonio público.
Más claro es el caso de Jesús Pinzón Camacho, director administrativo del ministerio de Salud, capturado el 29 de marzo, sindicado de exigir el 13 por ciento de un contrato, ya adjudicado, de 130 millones para
mantenimiento en la entidad.
También es claro el caso de dos altas funcionarias del Seguro Social, entidad que aparece señalada por los empresarios como la penúltima en honestidad, detenidas en el momento de recibir 80 millones de pesos como "contraprestación" por autorizar el pago a un contratista.
Para Marulanda, sin embargo, no todo es negativo, ya que casi la mitad de las empresas que contratan con el Estado dijeron estar dispuestas a correr el riesgo que implica denunciar a los corruptos.
Tal es el caso de la Clínica Shaio, que a mediados de abril del año pasado destituyó a su gerente por haber pagado 480 millones de pesos a dos directivas del Seguro Social para que le aceleraran el pago de deudas vencidas y denunció públicamente el hecho.
Luchar contra la corrupción y las prácticas no éticas en la contratación con el Estado pasa necesariamente, según Cartier, por el diseño de mecanismos para que, con la colaboración de los empresarios, las licitaciones sean más transparentes; por asociaciones de Probidad para que haya reglas claras para todos los participantes y por una asesoría externa que revise los pliegos de licitación, las adjudicaciones y le haga un seguimiento a la ejecución de los contratos.
La difusión de los resultados del estudio de Probidad, agregó el experto de la Fundación Corona, debe llamar a la reflexión de los empresarios tendiente a crear una cultura de denuncia y castigo de la corrupción sin temor a las represalias de los contratantes, esto es, de las entidades públicas.
Una práctica generalizada entre las empresas contratistas o sometidas a vigilancia estatal es la de hacerles atenciones a sus funcionarios, lo cual la resta transparencia a sus relaciones.
Dichas atenciones son consideradas pagos no oficiales que pueden inclinar la balanza de quienes deciden sobre una licitación, contrato o adjudicación o una medida.
El estudio de Probidad encontró que más de la mitad de las empresas consultadas gasta, en promedio, 5,2 millones de pesos en atenciones a empleados públicos; algunas incluso llegan a 120 millones de pesos.
El anterior director del Invima, Josué Ossman, tuvo que renunciar al cargo en septiembre del año pasado cuando EL TIEMPO reveló que funcionarios de la entidad recibían cursos de inglés costeados por un laboratorio y que otros estuvieron en un balneario por cuenta de otra casa farmacéutica y de una firma productora de confites.
