Nueve mil millones de dólares es la deuda pública del Estado panameño. Cifra que hoy inquieta el sueño de los empresarios y analistas.
Para el economista Adolfo Quintero del Colegio de Economistas de Panamá, la deuda actual del Estado panameño es una prueba más de que la Ley 61 de diciembre de 2002, sobre el reordenamiento tributario no ha logrado su cometido.
En promedio, con el ITBMS y la eliminación del impuesto sobre la renta a los sueldos menores de 800 dólares, sólo se recaudó 30 millones y según Quintero.
Sobre la cifra actual de la deuda el economista explicó que la misma está calculada a junio de 2004, los meses de julio y agosto pueden significar un aumento de la deuda de más de 60 millones dólares tomando en cuenta la emisión de letras del Tesoro Nacional.
Quintero apoya la idea del sector privado de lograr un verdadero reordenamiento y modernización de la Dirección de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas.
"Luego de 2 años de aprobada la ley, administrativamente aún no se ha hecho nada" aseguró.
Comparando las cifras de los últimos 3 años, el 2004 se ha caracterizado por una disminución en los ingresos del Estado y un aumento del gasto público, lo que contrasta con las cifras de mejoría económica y con las constantes decisiones de contención del gasto.
Además de una modernización de la Dirección de Ingresos, Quintero recomendó al nuevo Gobierno, impulsar una política de inversión y un reordenamiento de deuda pública que garantice la reducción de los pagos mensuales de deuda y los costos finacieros.
Raúl Delvalle, presidente de la Cámara de Comercio manifiestó que es preocupante saber que a un mes de ocurrir el cambio de gobierno, el presidente electo Martín Torrijos se encontrará con un aumento en el déficit. Esto se traduce en una carga financiera para el Estado que puede ser insostenible y crear un aumento en las cuentas por pagar a los proveedores.
Una contención del gasto público, por más de 300 millones de dólares y la ampliación de la línea de crédito del Banco Nacional de Panamá en 100 millones, representa un aumento de la deuda del Estado sin una disminución de la carga financiera y fiscal.
Por ejemplo, sólo la Caja de Seguro Social debe a los miembros de la Cámara de Comercio más de 52 millones de dólares.
Los empresarios y analistas consideran que el problema está en que el procedimiento para el pago no es uniforme es decir, no hay un documento único de cómo debe ser la presentación de cuentas en cada uno de los departamentos de la CSS, sucediendo igual con otras instituciones del Estado que tienen cuentas por pagar al sector.
Según el empresario Delvalle, este endeudamiento traerá efectos a la economía del país porque no se podrá cumplir con el 2% de déficit mínimo, provocando un incumplimiento con la ley de Responsabilidad Fiscal.