El nuevo impuesto que se pretende aplicar a las llamadas internacionales que se generen en el país, el cual se orquesta a través de un proyecto de Ley que se encuentra en segundo debate en la Asamblea Legislativa, incomoda a la empresa privada y amenaza con eliminar la rebaja del 20% concedida por Cable & Wireless (C&W) a las llamadas de larga distancia.
En el citado proyecto se busca cobrar un 12% de impuesto sobre el valor total de las llamadas internacionales y eliminar el gravamen de B/.1.00 por llamada que se cobra actualmente.
De acuerdo a la legislación vigente, toda llamada que se reciba u origine en la República de Panamá, pagará una tasa de B/.1.00, ya sea que la misma se realizase por vía telefónica, radiotelefónica, cablegrama, telex, facsímil u otros aparatos similares.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, considera que el sistema de cobro de B/1.00, ha resultado en la mayoría de los casos en una situación de desproporción en relación a los usuarios del servicio, ya que aquellos que menos usan el teléfono pagan igual que los usuarios que más lo utilizan.
Según los legisladores del PRD, el propósito de la norma es sustituir el presente gravamen de B/.1.00 por uno porcentual de 12% sobre el valor de la llamada, de tal forma que todos pagarán igual cantidad en proporción al costo de la misma.
Sin embargo, Juan Planells, directivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), precisó que la medida significará un aumento real para los usuarios, por lo que no tiene ningún sentido que C&W haya disminuido las tarifas si al mismo tiempo el Gobierno incrementará los impuestos.
Agregó de igual forma, que la acción impedirá que la competencia beneficie al consumidor, ya que ésta podrá disminuir los precios de las llamadas, pero el Estado se quedará con el diferencial.
Según el directivo del CoNEP, lo peor del caso es que casi el 90% de las llamadas internacionales son realizadas por el sector empresarial del país; esto significa que una vez más se le recargará el presupuesto a las compañías que producen, "que son precisamente las que se tienen que incentivar".
Enfatizó, que en apariencia el principio "de que se pague por lo que se hable", que señala el Gobierno parece justo; el problema es que si se cobra un 12% sobre el valor de las llamadas, al final la cuenta neta siempre será mayor.
"A simple vista se aprecia que este porcentaje producirá un ingreso fiscal muchísimo más alto al Gobierno, por lo que el resultado no será un impuesto neutro que busque establecer una forma más racional de pagar una contribución", acotó.
Planells manifestó asimismo, que el sector privado nunca podrá estar de acuerdo con un impuesto adicional sobre las telecomunicaciones, debido a que éste se convertiría en una restricción para su uso y como es del conocimiento de todos, el mundo moderno exige cada vez más la utilización de estos sistemas.
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