Empresarios, sindicatos y partidos de oposición han rechazado de forma unánime el nuevo paquete fiscal que propone el Gobierno del presidente Alfonso Portillo para mejorar la recaudación y reducir el elevado déficit fiscal.
La iniciativa gubernamental pretende aumentar los impuestos de distribución de combustibles, de circulación de vehículos, de importación de automóviles y las tasas sobre productos financieros.
Además, prevé crear un nuevo impuesto del 5 por mil en las cuentas corrientes y de ahorros y en las tarjetas de crédito y débito, y otro de centavo y medio de dólar por la utilización del espacio de la telefonía celular.
La cúpula empresarial, aglutinada en el Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), rechazó el paquete fiscal por considerar que desalentará la inversión, provocará mas desempleo y condenará al país al subdesarrollo permanente.
El dirigente del CACIF César García, calificó ayer, como una "salvajada" el hecho de que la Administración de Portillo pretenda poner nuevos impuestos a los guatemaltecos.
"No se puede generar una política de empleo si cada seis meses se están cambiando las reglas fiscales y económicas", acotó Roberto Ardón, miembro del CACIF.
Ardón sugirió al Gobierno buscar un consenso con los empresarios y la sociedad civil sobre los objetivos de desarrollo que se persiguen para evitar la inestabilidad económica.
Por su parte, el dirigente de la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), José Pinzón, expresó hoy que mientras no exista una revisión honesta de cómo se utilizan los recursos del Estado, no se puede plantear un nuevo paquete fiscal.
Según el dirigente de la CGTG, que aglutina a más de 150 sindicatos, la mayoría de la población no tiene capacidad para hacer frente a una nueva carga de impuestos debido a los salarios de miseria que devengan y a la alta tasa desempleo, que se sitúa en un 48 por ciento.
En Guatemala, con el 80 por ciento de los 11,5 millones de habitantes en situación de pobreza, el salario mínimo mensual de los trabajadores agrícolas ronda los 83 dólares y el del sector industrial los 155 dólares.
El economista José Guillermo Salazar, señaló que el paquete fiscal surge como una acción desesperada del Gobierno para captar recursos ante el creciente déficit fiscal.
Salazar afirmó que no es el momento político ni económico para impulsar un paquete fiscal "tan fuerte" porque puede desencadenar una inestabilidad política similar a la que ocurrió en Ecuador hace dos años.
El Partido de Avanzada Nacional (PAN), junto a otros colectivos políticos de oposición, también se ha opuesto a los impuestos y advirtió que no apoyará la medida cuando se discuta en el Congreso.
Pese al rechazo, el ministro de Finanzas, Eduardo Weymann, reiteró ayer su defensa del paquete tributario por considerar que Guatemala es "un paraíso fiscal".
Weymann afirmó que los que rechazan la nueva propuesta "atentan" contra sus propios intereses, porque "nos exigen tierras, reducción de las tasas de interés y seguridad" pero no quieren contribuir a fortalecer el poder tributario del Estado.
La iniciativa, de acuerdo con el ministro de Finanzas, pretende captar unos 4.000 millones de quetzales (512,82 millones de dólares) para reducir el déficit fiscal de este año que supera los 1.366 millones de quetzales (175,12 millones de dólares).
El ministro de Finanzas advirtió que si el paquete fiscal no es aprobado en junio próximo, Guatemala sufrirá una crisis financiera en el segundo semestre de este año.
El jefe del bloque parlamentario del partido gobernante Frente Republicano Guatemalteco (FRG), Arístides Crespo, dijo que el paquete tributario no puede aprobarse si antes no se hace un análisis sobre su impacto.
La economista Mayra Palencia, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), dijo a ACAN-EFE que la situación fiscal del país es "grave", producto, entre otros factores, de la falta de transparencia y la corrupción.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
