Las diversas misiones diplomáticas en Panamá, que representan a las empresas precalificadas en el proceso de licitación del Aeropuerto de Tocumen, podrían estar preocupadas por el curso que el gobierno le ha dado a este proceso, revelaron ayer los representantes legales de varias de las compañías participantes que por el momento prefieren mantenerse en reserva. Esto pondría en peligro el éxito del dilatado proceso, puesto que las empresas precalificadas pierden interés en la inversión, ante la falta de decisión del Estado que hace que el país a su vez pierda credibilidad, expresaron los abogados.
Hace dos semanas el Consorcio Tocumen Siglo 21 del grupo de aeropuertos Frankfurt-Hamburg, desistió de participar en la licitación del aeropuerto Internacional de Tocumen, porque considera que ha sido "engañado durante los últimos cuatro años". En su lugar el consorcio hará inversiones por 1.4 billones de dólares en el aeropuerto Internacional, Jorge Chávez de Lima Perú, reveló un informe publicado en "El Boletín". "Si el aeropuerto es privatizado, habrían posibilidades de atraer a nuevas aerolíneas, aumentar el número de pasajeros y carga, y se garantizaría contar con un aeropuerto más moderno y avanzado, sin que le cueste al Estado", expresaron los juristas.
La situación ha sido denunciada por la Asociación de Usuarios del Aeropuerto de Tocumen, considerando que es preocupante el deterioro que sufre el puerto de entrada que recibe a la mayoría de los visitantes que llegan al país. Este llamado a la privatización ha sido todo un viacrucis para las empresas interesadas, y el tiempo lo demuestra. Mediante Resolución No. 125 del 17 de septiembre de 1998 se abrió el proceso de precalificación para la privatización del aeropuerto y más de una decena de empresas adquirieron el pliego de cargos.
El 26 de noviembre de este mismo año se realiza el acto de precalificación con la participación de ocho empresas y el 3 de febrero de 1999 la Dirección de Aeronáutica Civil (DAC) resolvió precalificar a siete empresas. Luego, a finales de octubre, la Unidad para la Privatización del Ministerio de Economía y Finanzas (PROPIVAT) convoca a la licitación pública. Sin embargo, el 13 de septiembre de 1999 el entonces director de la DAC, Jaime Fábrega, suspendió el acto público, por presuntas fallas encontradas en el desenvolvimiento de la programación, pero el 30 de septiembre se postergó nuevamente el acto por un período de 90 días calendarios.
La crónica no termina allí, porque desde el 5 de enero de 2000 - es decir hace más de un año- se propuso indefinidamente la licitación sin haber hasta la fecha un pronunciamiento oficial sobre el futuro del proyecto. Existen operadores ya precalificados de Francia, Alemania, Austria, Italia, Canadá y Estados Unidos. Los abogados recalcaron que se podría hablar mejor de una concesión y no de una privatización porque el Estado mantendrá la propiedad de todos los bienes, además de convertirse en socio económico al participar en el 5% por los ingresos que se generen en la operación.
De acuerdo al contrato de concesión, el concesionario deberá pagar al Estado 8 millones de dólares anuales en cuatro partidas. Además, el concesionario tendrá un período de dos años para presentar un plan maestro de desarrollo y expansión.
Según explicaron, algunos funcionarios de la DAC "han manifestado que los números no dan y que se trata de un problema económico", pero a su juicio éste sería un elemento fácil de remediar con el aumento del canon anual de 8 millones dólares que deben pagar. El medio de este estancamiento el Consejo de Gabinete aprobó la construcción de tres puentes de abordaje y una sala de espera a un costo de 4.7 millones de dólares.
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