Leyes
- 51 es el número de la primera ley que rigió este sector, creada en 2008.
- 82 es el número de la ley de 2013 mediante la cual se modificó la de 2008.
Con la finalidad de regular y crear las mejores y más seguras condiciones para que las empresas almacenen sus datos confidenciales dentro de los servidores de una tercera compañía, la Dirección General de Comercio Electrónico debatió ayer, junto con los empresarios, una nueva regulación.
Las autoridades tienen contemplado extender una serie de consultas a los sectores público y privado, referente a los procesos del comercio electrónico para recibir observaciones y puntos de vista.
Los dos proyectos normativos que se encuentran sometidos a las observaciones del sector tecnológico del país son el nuevo decreto ejecutivo que reglamentará la Ley 51 de 2008, luego de sus modificaciones por la Ley 82 de 2013, y el proyecto de Reglamento Técnico en Materia de Almacenamiento Tecnológico de Documentos.
La validación y el reguardo de los documentos digitales firmados electrónicamente fue el tema que mayor debate desató, sobre todo, cuando se habla de la persona idónea para validar y auditar este tipo de documentos.
Las nuevas regulaciones que plantea la Dirección General de Comercio Electrónico dictan que esta persona debe estar “capacitada”, sin embargo, los empresarios y especialistas en ingeniería informática presentes exigieron a la entidad especificar cómo se reconocerán las capacidades.
Moisés Fraguela, director general del despacho que pertenece al Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), sugirió crear un programa de capacitación certificado que esté en manos de la dirección.
Además, se han discutido las reglas de operaciones y seguridad física que deben tener los recintos donde se alberguen los equipos para la operación de información confidencial.
En estos debates también participa la Autoridad de Innovación Gubernamental, que se está encargando de las renovaciones tecnológicas del Estado.
Por su parte, el Mici se propuso impulsar el comercio electrónico en el país y reglamentarlo, ante un movimiento en este sector, cuyas cifras se duplican anualmente.
En Panamá, cada vez la tendencia de importar como persona natural sin registro aduanero ni impuestos para la venta electrónica a través de redes sociales se hace más frecuente, así como la venta de artículos en la web.
