Actualmente el país, a través de sus empresas, está ingresando en la venta de certificados o bonos de emisiones de Dióxido de Carbono (CO²), lo que consiste en que los países desarrollados les pagan a las empresas que contribuyan a la mejora de la calidad ambiental y que logran regular las emisiones contaminantes generadas por sus procesos productivos.
Este esfuerzo de las empresas que se encuentran en Panamá merece un aplauso, pero también debe incluir un llamado al Gobierno, ya que no existe una ley que obligue a las empresas a retribuir un porcentaje de la transacción a las comunidades donde desarrollan sus proyectos, como se realiza en otros países.
Durante el Gobierno de Martín Torrijos se presentó un proyecto de ley para el pago por servicios ambientales que no fue aprobado por la Asamblea de Diputados y en el que se proponía el desembolso del 30% del monto, producto del canje por CO² que sería destinado para mejoras en las comunidades donde se desarrollan los proyectos.
Y es que la venta de bonos de carbono es rentable para las empresas. Cada tonelada de CO² que las empresas dejen de producir tiene un precio de entre 6 y 21 dólares, pagado principalmente por países europeos.
Si bien es cierto que no existe una regulación mundial que obligue a las empresas a dejar un porcentaje determinado en las comunidades, los Gobiernos son responsables de adaptar sus leyes para lograr beneficios, quizás nos encontramos en el mejor de los momentos para discutir el tema, justamente cuando la tierra habla y pide auxilio a gritos.
