En medio de la austeridad

Como en todo negocio que "quiebra" ante la falta de clientela o morosidad, el plan de austeridad anunciado por el Estado podría generar efectos negativos en la economía nacional. Y es que los empresarios pusieron muchos huevos en una sola canasta.
Suplir al Estado de algún bien se traducía en un negocio redondo y con razones sobradas, porque vender productos en volumen supone ser ganancia.
Pero ahora la realidad es otra. El nivel de endeudamiento del Estado es preocupante y el déficit suma 720 millones de dólares, por lo que el gobierno anunció un plan de austeridad para controlar el gasto.
Es decir, que los fondos destinados al pago de telefonía, alquiler de autos, edificios y seguros se reducirán.
Ello podría significar un bajón de los ingresos de muchas compañías que veían ganancias seguras con contratos estatales. Esto sin contar que el Gobierno tiene una deuda con los proveedores que supera los 300 millones de dólares.
De esta cantidad $95 millones corresponden a empresas ligadas a la Cámara de Comercio e Industria que desde el pasado mes de agosto no reciben ni siquiera un sobre que señale una fecha definitiva de cobro.
Enrique De Obarrio, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), señaló a El Panamá América que para contrarrestar esta realidad, el gobierno tiene que cancelar las cuentas pendientes con sus proveedores. Indicó que la austeridad podría atentar contra el empleo.
De Obarrio cree que el incremento en el desempleo será significativo, porque la medida puede influir de forma drástica a tal punto que para el último trimestre de 2004 y para el año 2005 no se incorporen un número importante de nuevas empresas al mercado panameño.
Aunque el Estado busca mejorar significativamente su situación financiera y de paso la imagen de país para atraer inversiones, los empresarios se mantienen a la expectativa de la suspensión de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
La APEDE señala que la suspensión de esta medida debe caracterizarse por su "temporalidad".
En este sentido De Obarrio indica que es primordial poner en marcha un plan integral de reformas que permitan al Estado salir gradual, sensata y efectivamente del atolladero. Sólo de esta forma el Estado podrá encaminarse hacia la modernización y asegurar mayor competitividad, que mejorará el entorno económico.
Según el Plan de Austeridad, se evitará la contratación de personal con cargo a contratos temporales y gastos de contingentes.
Los ministros aprobaron la modificación del sistema de contratación de seguros, con lo cual se reduce el costo de comisiones por pagar, y se suspenden los contratos de alquiler de los automóviles.
Los únicos que podrán usar autos alquilados serán los ministros, viceministros, directores y subdirectores de entidades autónomas, mientras que el resto de la organización tendrán que hacer un "pull" con los automóviles disponibles en cada institución. Esta misma medida se aplicará con el uso de celulares y la contratación de servicios adicionales. Sobre los seguros del Estado se hará un perfil de riesgo con el fin de determinar los bienes que realmente lo requieran.
La austeridad gubernamental que se ha implementado permitirá reducir sustancialmente los gastos del Gobierno en energía eléctrica ($58.4 millones comprometidos en el 2003), seguros ($6.8 millones); telecomunicaciones ($25.7 millones), y en alquiler de equipo de transporte ($4.5 millones en el 2003).
De acuerdo al informe de cuentas por pagar de la Contraloría General de la República, al 15 de agosto de 2004 había cuentas por pagar por 334 millones de dólares.
De ese total 160 millones de dólares corresponden a cuentas debidamente registradas y pendientes de pago por la Tesorería de la Nación.
Sin embargo, al hacer un muestreo con proveedores de bienes y servicios al Estado surgen cuentas por pagar significativas que aún no han sido incluidas en las cifras contabilizadas por la Contraloría. El monto total de estas cuentas está aún por determinar.
Según la administración anterior la deuda flotante no alcanza los 200 millones de dólares. Igualmente indicaron se pagaba a un máximo de 90 días, situación que ha sido desmentida por las cifras existentes, pues los empresarios tienen una larga lista de cuentas por cobrar.